El resultado de las elecciones en Andalucía ha demostrado una vez más que la llamada “democracia” es una farsa en España. La espúrea propaganda continua que los medios de comunicación “orgánicos”, es decir vinculados a los monopolios informativos y dependientes de uno u otro de los partidos que dominan el poder, realizan, ha convencido a una mayoría de la población de que las elecciones rituales y periódicas que aquí se celebran son expresión de una democracia limpia e igualitaria.

Un somero análisis de los resultados electorales en Andalucía nos revela que el hecho más visible, que el 36% de los electores se ha abstenido, no ha merecido apenas un comentario por parte de los doctos comentaristas que apelan continuamente al mantra de la democracia. El segundo ítem escandaloso es que el PSOE pueda gobernar con el 35,43 % de los votos de ese 63,94% de ciudadanos. Es decir, que con 1.409.000 votos de una población de 8.392.635 habitantes, el PSOE se constituye en indiscutible grupo de poder para decidir los destinos de la región durante 4 años. No sé cómo se puede describir el término de democracia, pero si siguiendo la definición clásica aseguramos que es el gobierno del pueblo, nos encontramos con que en este caso se trata de un sector minoritario de ese pueblo que domina sobre todos los demás. En realidad para este resultado se pactó la Ley Electoral en la Transición.

Y si la democracia debe de ser igualdad, veamos cómo se distribuye esta. Que el resultado de estas elecciones sea tan parecido al de las anteriores –y anteriores y anteriores- con la única novedad de la aparición de Podemos, cuya influencia con 15 escaños sabemos que será irrelevante, ha motivado que se repitan las críticas y los denuestos contra el clientelismo del pueblo andaluz, tanto por la izquierda como por la derecha. Pero apenas he leído o escuchado algún argumento sobre las causas de tal fenómeno, lo que resulta bastante frustrante tratándose de la región española donde más arraigada y sangrante –literalmente- se ha producido la lucha de clases en el último siglo.

Andalucía, como Extremadura, mantiene una distribución de la riqueza feudal después de más de cien años de guerras por lograr un reparto más equitativo de la tierra. Como dato añadido, aunque esté hablando de Andalucía, en Extremadura el año 1939 el 50% de la tierra eran latifundios propiedad de unos cuantos títulos nobiliarios. En el año 2015 son el 54%.

En esa patria de mis ancestros, Andalucía, el reparto es semejante. Resulta sorprendente que analistas de una u otra laya protesten contra que el paro en Andalucía es el mayor de España con un 34% -en la provincia de Cádiz el 44% después de que se cerraran los astilleros- y el juvenil el 55%, sin que se denuncie, con ira, el infame reparto de la riqueza que allí sigue vigente.

Que nadie se crea, gracias a los reportajes dulzones y falsos de las revistas del corazón y de los periódicos más prestigiosos, que la aristocracia en España no cuenta como clase dominante porque ya no tiene dinero ni negocios ni tierra. Esos medios de comunicación se han concitado para encubrir el poder que tal clase social, asociada y protegida y protectora a su vez de la Monarquía, mantiene en el país, sobre todo en Andalucía y Extremadura.

En 2011, existían en el Reino de España 2.874 títulos nobiliarios aproximadamente, en posesión de 2.205 personas. De éstos, cerca de 400 poseen la distinción de Grandes de España (representada por el Consejo de la Diputación Permanente de la Grandeza de España). Solo entre diez de las mayores casas ducales (Alba, Alburquerque, Fernán Núñez, Infantado, Borbón, Medinaceli, Medina Sidonia, Osuna, Peñaranda y Villahermosa) suman unos 199 títulos (36 ducados). Ciertamente no todos poseen grandes latifundios, y muchos ni siquiera viven de sus bienes, pero esas casas ducales, y otras como marquesados, condados y señoríos poseen en Andalucía más de la mitad de las tierras cultivables, aunque muchos ni siquiera las cultiven. Lo que significa, en estos tiempos de Unión Europea que reciben de la Política Agrícola Común la mayor cantidad de las subvenciones destinadas a España. Para nadie era un secreto que la Duquesa de Alba, con un patrimonio estimado -y mal estimado puesto que solamente en obras de arte se le suponen 1.500 millones de euros- en 2.500 millones de euros, era la mayor receptora de ayudas económicas obtenidas de los impuestos de los ciudadanos europeos, sustraídas de los trabajadores de todos los países, entre los que también se cuentan los andaluces.

Esa divinizada duquesa cuya primera boda en 1948 se ganó la etiqueta de la boda más cara del mundo. En un momento en que incluso hasta muchos de los vencedores de la Guerra Civil pasaban hambre (imaginemos a los perdedores), se celebró lo que se llamó la última boda feudal de España. Marchamo equivocado si no olvidamos las bodas de las princesas Elena y Cristina y del Príncipe Felipe. Pero en 1948 Cayetana Stuart invitó a 2.500 personas con un coste de 20 millones de pesetas de entonces (que en 1998 la revista ¡Hola! tradujo a 500 millones en dinero de ese año), decenas de miles de personas en las calles y una luna de miel que duró seis meses por Europa, México, EEUU y Cuba. Ninguna de sus propiedades ha sufrido nunca mermas, antes al contrario, y su patrimonio gozó de la protección que el franquismo ofrecía a todos los que se contaban en esa clase social, lo que incluía la explotación de los trabajadores y la persecución de los que defendían sus derechos. Privilegios, riquezas, patrimonio, rentas y beneficios que todos los gobiernos de la democracia le han respetado, con servil sumisión, como a los demás aristócratas.

No se conoce con certeza la verdadera dimensión del patrimonio de la familia de la Casa de Alba de Tormes dentro y fuera de España. Se sabe, por ejemplo, que sus actuales titulares, los Fitz-James Stuart, son dueños de decenas de castillos y palacios, miles de hectáreas agrícolas, propiedades inmobiliarias, mobiliarias, una de las colecciones de arte más importante de España, y una espectacular biblioteca y archivo que conserva algunos de los documentos más importantes de la historia de España, acumulados a lo largo de los ya más de 540 años de historia de la familia.

La división de la riqueza en Andalucía se reparte entre una primera fracción, integrada por los grandes terratenientes, que, formando alianza con el gran capital español no andaluz e, incluso, con el internacional, extendió su dominio e intereses a sectores de la banca y la industria. Una segunda fracción está formada por los grandes terratenientes que habían modernizado sus explotaciones agrarias, constituyendo en muchos casos empresas capitalistas mayoritariamente en forma de sociedades anónimas. Finalmente, la tercera fracción de la gran burguesía terrateniente está constituida por los grandes propietarios latifundistas que no supieron o no quisieron modernizar sus explotaciones. De tal modo el descenso de los productos agrícolas y el alza relativa de los salarios hicieron descender la rentabilidad de sus tierras, ante lo que optaron por cultivarlas deficientemente, abandonarlas o convertirlas en cotos de caza.

La Segunda República española llevó a cabo una serie de medidas destinadas a atender la grave situación del campesinado. Los salarios, seguían siendo de auténtica miseria. Por comparación véase que la proporción en la agricultura en Andalucía era de 2,5 y en Cataluña de 6,5. El jornal medio ponderado entre agricultura, servicios e industria era de 9 para Cataluña y de 3,5 para Andalucía.

En la Andalucía republicana se desarrolló un proceso de colectivizaciones, que tuvo su origen en la puesta en práctica de la Ley de Arrendamientos Colectivos de 1931 y que se afianzó con el nombramiento, en septiembre de 1936, del comunista Uribe como ministro de Agricultura, quien dictó un decreto en virtud del cual se legalizaban las ocupaciones de tierras otorgando la propiedad a los campesinos que las trabajaban. Jaén fue la provincia donde más colectivizaciones se establecieron. La represión que, entre 1936 y 1945, y en interés de la oligarquía agraria, llevó a cabo el régimen fascista nacional católico permitió a los propietarios explotar impunemente la mano de obra jornalera. Las condiciones de vida de los jornaleros empeoraron considerablemente; a condiciones laborales explotadoras y altamente precarizadas, se sumó una bajada en picado de los jornales, cuyo valor descendió un 40% entre 1940 y 1950.

En esta situación de derrota político-militar de las clases proletarias, de imposibilidad de lucha política ni social, de sobreexplotación laboral y de pésimas condiciones de vida, a la población campesina no le quedó más salida que el exilio. Se calcula que unos 700.000 campesinos andaluces emigraron durante la década de los cincuenta. Este éxodo campesino se incrementó durante la década de los sesenta y mediados de la de los setenta, en torno a un millón de andaluces emprendieron durante este período el camino de la emigración.

A finales de la década de los sesenta, las pésimas condiciones de vida de los campesinos andaluces dieron lugar a diversas protestas jornaleras, como las que tuvieron lugar en Morón, Jerez y Lebrija. Como respuesta a estas protestas y con el fin de garantizar el statu quo sin tener que recurrir al uso de la fuerza policial, en 1971 se creó el empleo comunitario, como una forma de paliar las sangrantes situaciones de desempleo y de vida padecidas por los jornaleros.

El «comunitario» tuvo como resultado desviar la lucha de clases de la reivindicación de la tierra hacia la petición de aumentos de fondos del empleo comunitario. Buena parte de las movilizaciones campesinas, que repuntaron y se intensificaron en este período, se centraron en esta petición, orillando la reivindicación de la tierra, reivindicación que históricamente había sido central en la identidad y la conciencia de clase de los jornaleros andaluces.

En el primer quinquenio de los ochenta se creó el subsidio de desempleo agrario y se implantó el Plan de Empleo Rural, PER, como medidas asistencialistas para garantizar a los campesinos un mínimo nivel de vida y «pacificar» el campo andaluz, pretiriendo el reparto de la tierra. Estas acciones se desarrollaron en el contexto de la discusión y aprobación de la Reforma Agraria del Gobierno Andaluz de 1984 y estaban dirigidas a reivindicar una «auténtica Reforma Agraria». La mayoría de las movilizaciones estaban relacionadas con el subsidio agrario, el PER, y tenían como objetivo la demanda de más fondos, de la reducción de las peonás exigidas para cobrarlo y de una normativa menos rígida. Son muy escasas las luchas centradas en la reivindicación del derecho al trabajo y la protesta contra la situación de paro. “Sólo algunas acciones tienen como motivo directo y específico la reivindicación de la tierra. De este modo, los sindicatos, al orillar definitivamente la reivindicación de la tierra y centrar su lucha en el PER, en cuya gestión se implicaron activa e interesadamente, contribuyeron a convertir al campesinado andaluz «en una clase subsidiada cuyo patrón es el Estado; en una clase que pierde progresivamente su identidad, cultura del trabajo y sus saberes.» (Gómez Oliver, 1993: 396). Y en esta situación de subsidio, fraude, pérdida de los conocimientos y las técnicas de trabajo agrícola por parte de los jóvenes jornaleros, desvertebración, sumisión a los patronos y a las autoridades municipales que firman las anheladas peonás, pérdida de conciencia y de identidad colectiva de clase, desmovilización y confusión política, todo con el fin de mantener unas mediocres condiciones de vida, se encuentra el antaño pugnaz y revolucionario campesinado andaluz.”

(José Luis Solana Ruiz. Profesor de Antropología Social en la Universidad de Jaén “Las clases sociales en Andalucía. Un recorrido sociohistórico”.)

Lo que la represión no ha hecho olvidar a los viejos y a los nuevos campesinos y a sus descendientes es que los dirigentes del Partido Popular representan los intereses de los latifundistas y señoritos cortijeros que han dominado la región durante 550 años y que elegirlos sería regresar a los años negros del paro, la exclusión y la emigración. No sé quién puede calificar de democracia a tal situación socio-económica.

Para que el pueblo andaluz votara a una verdadera izquierda haría falta que regresáramos al 12 de febrero de 1936 cuando el Frente Popular ganó las elecciones, pero tendríamos que borrar 80 años en los que se libró una guerra contra el fascismo que perdimos, la represión, la dictadura, la Transición y la perversa, continua e infame propaganda contra el comunismo que seguimos sufriendo. Por eso estamos donde estamos.

Del feminismo en Andalucía hablaré en el próximo artículo.

Bustarviejo, 1 de abril 2015.