Es irritante la manía que tienen algunos de vaticinar todo tipo de catástrofes cuando los poderes públicos toman decisiones que no les gustan. ¿Se acuerdan de los pronósticos que tuvimos que oír tras la subida del salario mínimo a 900 euros mensuales? Se frustraría la incipiente recuperación económica, miles de empresas tendrían que echar el cierre y sólo Dios sabe cuántos puestos de trabajo se iban a perder. ¿Qué ha sucedido? Pues absolutamente nada de eso. Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que no es sospechosa de progubernamental, la subida del salario mínimo no tuvo “ningún efecto negativo” sobre el empleo en sus primeros cuatro meses de vigencia. Y eso que la propia Airef auguró que se destruirían del orden de 40.000. “Nos pasamos de negativos”, ha reconocido ahora. ¿No tendría que hacer también examen de conciencia el Banco de España, por ejemplo, que situó en 120.000 el número de trabajadores que se irían a la calle por culpa esa medida?

Con la imposición del registro horario está ocurriendo algo parecido. Las organizaciones representativas de las empresas, pese a los dos meses de gracia para adaptarse a la nueva normativa, han puesto el grito en el cielo al llegar la hora de la verdad. Que si es un anacronismo, que si esos controles son imposibles en según qué tipos de empleos, que si las pymes que no tengan capacidad para implementarlos van a ser víctimas fáciles de la inspección laboral… Y, por supuesto, la cantinela habitual: que se frustrará la incipiente recuperación económica, que miles de empresas tendrán que echar el cierre y que sólo Dios sabe cuántos puestos de trabajo se van a perder. Pero vamos a ser serios: el registró horario no es ninguna novedad. La obligación de fichar al principio y al final de la jornada laboral existe en muchos sectores desde hace siglos, y ha servido hasta ahora básicamente para disuadir a los trabajadores que pretendieran llegar después de su hora o salir antes.

¿Qué pasa ahora? Pues que el registro horario se pretende generalizar para evitar los excesos, no ya de los asalariados, sino de quienes les exigen trabajar más tiempo de la cuenta, a veces por el mismo precio. Y, claro, eso ya les viene peor a las empresas, porque las obliga a contratar más gente o pagar horas extras. En definitiva, a respetar la ley, que es meridianamente clara a este respecto, por más que con demasiada frecuencia no se cumpla. ¿Que hay casos especiales, que requerirán un tratamiento también especial? Por supuesto. ¿Que en otros puede ser sencillamente imposible aplicarlo? Es probable, pero siempre habrá soluciones alternativas. Lo que no tiene un pase es boicotear, como se está boicoteando, una regulación que pretende acabar con uno de los mayores abusos del mercado laboral. Uno abuso que no sólo perjudica a los directamente afectados, sino a todos los españoles, porque priva a la Seguridad Social de unos ingresos por cotizaciones que le hacen mucha falta.

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