Las exigencias de la Unión Europea -que tantas veces han servido de coartada para imponer sacrificios a los ciudadanos- parece que van a obligar ahora a un replanteamiento de aspectos sustanciales de la normativa laboral española, altamente gravosos para los trabajadores en su formulación actual.

Con tres sentencias simultáneas, el Tribunal de Luxemburgo ha lanzado un potente torpedo contra la línea de flotación de los contratos temporales, de los que las empresas y la propia Administración vienen haciendo un uso intensivo -sobre todo desde el inicio de la crisis- aprovechando las ventajas de las que disfrutan.

Según los jueces europeos, no es admisible la utilización de contratos de duración determinada para cubrir funciones permanentes ni la existencia de una indemnización legal por despido objetivo distinta para trabajadores fijos (veinte días) y para temporales (doce), que en el caso de los interinos es cero.

Estas sentencias afectan al pilar en el que se ha sustentado la política de empleo desplegada por el Gobierno de Mariano Rajoy, consistente en fomentar la contratación a base de precarizarla, lo que facilita una rotación en los puestos de trabajo que contribuye a hinchar el número de personas ocupadas.

Pero el del Tribunal de Luxemburgo no es el único varapalo que ha sufrido la normativa laboral en los últimos tiempos, pues la reforma de febrero de 2012 -de nefastas consecuencias para los derechos de los trabajadores- acumula más de un centenar de pronunciamientos judiciales en contra.

Gracias a ellos, se han evitado tropelías como el desplazamiento de los sindicatos en la negociación de los ERE, la utilización abusiva del descenso de ingresos o de la previsión de pérdidas para justificar los despidos objetivos, y la limitación a un año de la prórroga automática de los convenios.

Se ha ido moldeando así, a base de litigios, una reforma que está pidiendo a gritos una revisión a fondo, si no la derogación total, una vez que también los tribunales han demostrado su inconsistencia.

Puede que las sentencias del Tribunal de Luxemburgo hagan inevitable esa revisión -incluso si el PP continúa gobernando- y se restituyan a regañadientes algunos de los derechos laborales perdidos durante los últimos años. Pero, aun así, para quienes mientras tanto han sufrido su ausencia, el daño ya está hecho.

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