La decisión del nuevo Gobierno de orillar la derogación de la infame reforma laboral del PP, apelando a la “aritmética parlamentaria”, no puede haber cogido por sorpresa a nadie. Pedro Sánchez hizo bandera de este asunto en su primera vida como secretario general del PSOE, pero se cuidó de incluirlo en los programas electorales de 2015 y 2016. Tampoco figuraba en el fallido pacto de investidura con Ciudadanos, que hablaba genéricamente de “recuperar el equilibrio de las relaciones laborales”. Y la actitud del ahora presidente durante el debate de la moción de censura fue muy resignada, pese a la insistencia de algunas fuerzas políticas, en especial Unidos Podemos, para que adquiriera un compromiso claro al respecto.

Con estos antecedentes, era poco probable que Sánchez diese un paso al frente y aprovechara el estado de gracia que asiste a los nuevos inquilinos de la Moncloa para proponer al Parlamento la liquidación inmediata de la ley más dañina para los trabajadores en cuarenta años de democracia. Una ley que fue una auténtica trituradora de empleo en los peores momentos de la crisis, cuando los empresarios usaron y abusaron de ella para aligerar sus plantillas a bajo precio. Pero cuyas catastróficas consecuencias persisten aún hoy y explican en buena medida la desorbitada precariedad y los bajos salarios que caracterizan al mercado laboral.

Hubiera sido un gesto de valentía que el recién investido presidente del Gobierno pusiera la derogación de la reforma laboral de febrero de 2012 entre sus prioridades, incluso a costa de ganarse con ello su primer gran revés parlamentario. Habría dado cauce así a una reclamación clamorosa de la clase obrera, a la vez que obligaba a retratarse inequívocamente a los partidos que prefieren dejar las cosas como están, incluida alguna facción de suyo propio. Sánchez, sin embargo, ha optado por refugiarse en una malentendida prudencia, como el perro apaleado que rehuye la pelea.

Para disimular su falta de atrevimiento, Sánchez ha hecho anunciar a la ministra de Trabajo que impulsará algunos retoques de la ley, siempre que previamente obtengan el suficiente respaldo de los agentes sociales y de las formaciones políticas representadas en el Congreso. Entre ellos figurarían la recuperación de la ultractividad de los convenios y de la supremacía de los sectoriales sobre los de empresa, que permitiría a los trabajadores recuperar parte del terreno perdido en la negociación colectiva frente a los empresarios. Bienvenidas sean esas mejoras, si es que llegan; pero no dejarían de ser parches inspirados por el “pragmatismo”que tantas esperanzas ha truncado a una sociedad que valora también a quien toma riesgos. Para llegar al poder y una vez en él.

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