Una de las peores desgracias que nos pueden suceder es que nos desahucien. Soy una más de las que han vivido recientemente casos cercanos. Todos los significados de la expresión desahuciar son nefastos: quitar toda esperanza de conseguir lo que se desea, diagnosticar a una persona una enfermedad incurable o, también, expulsar legalmente al inquilino o al dueño de una finca, piso o local. Me quedo con el último para añadir mi protesta al clamor general de los sindicatos, algunos partidos minoritarios y organizaciones de consumidores, que pretenden modificar la Ley Hipotecaria vigente. Se entiende, aunque de muy mala gana, que a cualquiera le desalojen de su vivienda sin la menor consideración por falta de pago, pero resulta escandaloso que no se pueda saldar la deuda a cambio de entregar el inmueble, en caso de comprobada insolvencia. ¿Cuántos miles de familias se irán a la calle si vuelven a subir los tipos de interés?

Cuando el portavoz de ERC, Joan Ridao, preguntó en la sesión de control al Gobierno por este atropello, el presidente Zapatero le respondió que abrir esa posibilidad (saldar la hipoteca a cambio de la casa) supondría arriesgar la solvencia de la banca. Tendrá que explicárnoslo mejor. Admitamos que el sistema financiero se resista como gato panza arriba a reformar el injusto sistema hipotecario que tanto le favorece. Para un banquero, un desahuciado es sólo un cliente. El Gobierno, sin embargo, debería proteger a las víctimas de la crisis, en vez poner tanto afán (además de 100.000 millones de dinero público) en defender la cuenta de resultados de los bancos.