Ariel Jerez es profesor de Ciencia Política y Consejero estatal responsable de la coordinación del Consejo de Mundo Rural y Marino (CMRM) de Podemos

El mundo rural está todavía presente en la vida de muchas familias urbanas. A lo largo de décadas fueron muchos los abuelos o padres que formaron parte del éxodo rural, masivo en unos periodos, por goteo en otros, hacia las principales ciudades de toda España. Atrás dejaron unos pueblos en los que hoy viven los últimos mayores o quedan algunas propiedades familiares, que de forma esporádica visitan y disfrutan los miembros de los hogares urbanos. Como en los últimos años de la crisis se pasaron allí cada vez más vacaciones, algunos hijos y nietos empezaron a barajar la “peregrina” idea de sobrevivirla volviendo al pueblo, intentando reutilizar esos recursos abandonados. Pero los que han logrado engrosar el actual flujo de neorruralidad han sido mucho menos de los necesarios para compensar la despoblación que amenaza el futuro de mundo rural.

Pero, ¿qué sucede en nuestro país para que lo que a toda luces debería ser un proyecto personal y profesional beneficioso tanto en términos individuales como colectivos para el conjunto de la sociedad, se convierta en una idea “peregrina”? ¿Cómo es que hoy el mundo rural sigue siendo en España una “tierra extraña”, que no garantiza mínimos de calidad de vida a sus ciudadanos, cuando compartimos con el resto de Europa un contexto normativo, político y económico que transfieren anualmente importantes recursos desde distintos programas? ¿Hasta cuándo vamos a esperar para tomarnos en serio el equilibrio territorial, el medioambiente y activar un marco institucional para buscar coherencia y eficiencia en un modelo de desarrollo social y ecológicamente sostenible? ¿Por qué tenemos tanta dificultad en nuestras instituciones asuman perspectivas validadas por el conocimiento científico, que entienden el mundo rural como una delicada trama social, económica, institucional y cultural, estratégica porque pone en conexión a los actores que producen, viven y se espera que cuiden el 80% del territorio nacional, donde se produce alimentos para la población urbana y donde es necesario mantener los equilibrios eco-lógicos básicos para la generación natural de bienes públicos esenciales como el agua, el aire y otras recursos imprescindibles para la vida en las ciudades?

Las respuestas a estas preguntas pueden tener un denominador común: la ausencia de voluntad política para encarar intereses, lastres, deficiencias y dejaciones que pesan en la gestión de estos recursos. Los sectores económicos cada vez más concentrados verticalmente han logrado presionar siempre con eficacia en el complejo proceso de redistribución que parte de Bruselas, pero que al llegar a buena parte de las localidades rurales una importante porción de recursos es capturada por las viejas redes clientelares y caciquiles que, controlando la propiedad agraria, siguen pesado de manera excesiva en la modernización social y política del mundo rural.

En el “mercado” siguen facilitando la apropiación oligárquica de buena parte de las ayudas PAC (vinculadas directamente al tamaño de las explotaciones) y el abuso de posiciones dominantes de las grandes empresas en los diferentes eslabones que conectan productores, transformadores y distribuidores en la cadena alimentaria. En el “Estado” esas redes también pesan en la decisión pública sobre inversión y gasto, desde el nepotismo corrupto constatado en buena parte de los grandes contratistas en la gran obra de infraestructuras convocada por ministerios o gobiernos autonómicos, hasta o las pequeñas obras de ayuntamientos y diputaciones, que no por ser la “prima cada vez más pobre” de las administraciones (la local) las libró del latrocinio.

Nuestras culturas políticas y administrativas mantienen ciertos tics autoritarios que han limitado el control democrático de la ciudadanía. Así, iniciativas comunitarias como LEADER con más de 24 años de historia, a pesar de representar en sus planteamientos, las estrategias y metodologías de desarrollo endógeno y participativo que queremos, no dejan de ser testimoniales las que consiguen mantener planteamientos coherentes. Debido a la escasez de recursos con las que cuentan y a los intentos permanentes por parte de la Administración del Estado, y en otras ocasiones por las administraciones locales y autonómicas por controlarlas, en lógica de instrumentalización partidista-electoral. En definitiva, un mundo rural menguante económica y electoralmente, funcional a las dinámicas de concentración financiera y política, no puede esperar grandes cambios de un gobierno de centroderecha, como se ha podido constatar en las negociaciones entre el PSOE y Ciudadanos, que no mencionan ni la agricultura, ni la pesca, ni la ganadería ni lo rural en su acuerdo.

Una voluntad política alternativa para salvar el mundo rural solo puede venir del campo progresista. De explorar nuevos diálogos entre los actores sociales y políticos que se preocupan por los que sufren la crisis y que son conscientes de que sólo pueden tener éxito confluyendo en un marco legislativo y político amplio de Cambio (con mayúsculas). Tuvimos un buen ejemplo de ello el pasado 17 de marzo en el Congreso de los Diputados en unas jornadas promovidas por el Grupo Podemos-En Común Podem-En Mareas, para el análisis de los retos y perspectivas en torno a la Ley 45/2007 para el Desarrollo Sostenible del Mundo Rural, una “ley encajonada” a pesar de los amplios consensos que cuenta en asociaciones ruralistas, ecologistas y sindicatos agrarios.

Se empezó con un diálogo retrospectivo y crítico sobre lo que supuso la puesta en marcha de esta ley de la mano de Jesús González Regidor, profesor en Economía del Desarrollo y funcionario investigador de larga trayectoria en el sector, que redactó la ley, junto a Jesús Casas Grande, Director General de Desarrollo Rural en el periodo de implementación y que impulsó en la medida de las posibilidades su desarrollo durante los tres años siguientes a su promulgación. Analizaron las dificultades en el despliegue ineludible de los dispositivos institucionales de la ley y cómo en el contexto de crisis los distintos responsables ministeriales abandonaron sus compromisos presupuestarios. El diálogo se completó con la visión de Fernando Fernández Such, experto de referencia en el sector que hoy asesora a Podemos, con larga experiencia en la implementación de programas de desarrollo rural en diversas comarcas y que aportó la necesidad de una actualización de determinados planteamientos de la ley. Insistió en señalar como la oportunidad que abre para su articulación sobre una base territorial comarcal más sólida, o la necesidad de incorporar en ella demandas sociales que en los últimos años se han impulsado como son la gobernanza responsable de la tierra y los recursos naturales, o el impulso decidido de un modelo de producción sostenible, social, diversificado y multifuncional que dé coherencia al papel del sector primario en un horizonte necesario de desarrollo rural sostenible como el que pretendemos.

Fue interesante una primera observación sobre su fracaso: el desacierto de impulsar desde un ministerio sectorial (el de Agricultura) una ley marco que exige la concertación entre distintas administraciones públicas, para una norma sectorialmente interministerial. Dadas las carteras políticas implicadas (para impulsar políticas públicas territoriales con infraestructuras hídricas, agrícolas, de transporte y comunicaciones; para reforzar el poder local con la comarcalización de servicios y políticas públicas, con amplia colaboración entre administraciones; para empujar con planes específicos de formación y fomento de empleo y de vivienda; de mejora de servicios en el sector de la educación, la salud y el bienestar social; de la protección y cuidado de bienes comunes y patrimonios culturales, forestales y de biodiversidad), una ley marco parece necesaria alojarla en el ministerio de la presidencia.

Mostraron su apoyo a este debate sobre la ley, participando en distintos momentos y mesas, los principales sindicatos agrarios y redes ruralistas como la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), la Red Española de Desarrollo Rural (REDR), la Plataforma Rural (PR), la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, Plataforma por la Ganadería Extensiva y el Pastoralismo, el Colegio de Economistas Agrarios, además de diferentes redes de pequeños productores y transformadores, promotores del consumo responsable, del cambio de modelo energético y la justicia ecológica. Representan a colectivos y públicos que entienden la necesidad de un marco donde los diversos intereses sectoriales busquen complementariedades en los objetivos estratégicos de mantener vivo el mundo rural con fijación de población.

Efectivamente la inmensa mayoría del sector asume la LDSMR como un marco normativo adecuado para promover la creación de empleo, la recuperación de servicios e inversiones, la reforma en política territorial y local, que debe actualizarse, ampliarse y adecuarse para la promoción de la soberanía alimentaria, la agroecología y el desarrollo sostenible teniendo perspectivas de reforma participadas que integren los análisis sectoriales de estas redes asociativas agrarias y rurales. Para lo que reclaman un gobierno con una firme voluntad política, que asuma la perspectiva holística e integral que demanda la atención de la problemática rural, que la entienda como Política de Estado orientada cuidar a la ciudadanía, los bienes comunes y la biodiversidad del mundo rural y a explotar sus recursos de manera sostenible.

Para que esto sea posible todos comparten que es necesario seguir ampliando la masa crítica, sobre todo urbana, para apoyar esta una nueva perspectiva de desarrollo sostenible tejiendo puentes entre unas culturas urbanas y rurales hasta hoy alejadas. La ciudadanía, a pesar de la escasa comunicación pública crítica disponible, logra ganar conciencia ambiental, e incluso hacerse más cargo de su huella ecológica, comparte preocupaciones y alimenta movilizaciones cognitivas y políticas. Son todavía importantes los recursos procedentes de las políticas europeas que una ciudadanía crecientemente fiscalizadora puede pedir que sean puestos al servicio de lo exigido por la propia normativa europea: el desarrollo económico, la justica social y la sostenibilidad para las generaciones futuras. El acto finalizó con las consignas del Consejo del Mundo Rural y Marino de Podemos: “Con la comida no se juega” y “Sin Raíces no hay futuro”. En las cañas se fueron ya ideando y proponiendo nuevos encuentros para ampliar la coalición que necesitamos para pagar esta gran deuda que tenemos con nosotros mismos.