Álvaro Chueca Gómez

Estudiante del Máster en Economía Internacional y Desarrollo de la UCM

Petróleo (recurso estratégico por excelencia), diamantes, oro, plata, platino, cobalto, hierro, uranio, zinc, estaño, plomo, bauxita, cobre, madera, manganeso... recursos naturales todos ellos, pueden llevarnos a la idea preconcebida de que su propiedad traerá un elevado grado de desarrollo y nivel de vida para aquella sociedad que los posea, al menos siempre que se lleve a cabo una gestión correcta de ellos (véase el caso noruego con el petróleo, nacionalizado parcialmente -Statoil- y cuyos ingresos se destinan principalmente a mantener su Estado del Bienestar). Sin embargo, existen numerosos ejemplos de países con gran abundancia de recursos, cuya propiedad no les ha traído más que problemas como guerras e incluso golpes de Estado en los casos más extremos, hasta deforestación o elevados niveles de contaminación medioambiental en otras ocasiones.

Sirva como ejemplo la región del África subsahariana, donde pese a que se estima que allí se concentran alrededor del 20% de las reservas mundiales de uranio, 90% de cobalto, 40% de platino, 65% de manganeso y un 50% de oro y diamantes, los niveles de desarrollo humano siguen siendo de los más bajos del mundo. De hecho, de los 54 países que conforman el continente africano, 23 se encuentran entre los 26 países con menor Índice de Desarrollo Humano, aunque haya alguno como la República Democrática del Congo que posee en torno al 80% de las reservas mundiales del coltán, el mineral con el que se producen tabletas, móviles, ordenadores... y que se extrae en unas condiciones deplorables, de manera ilegal, recurriendo en numerosas ocasiones incluso a la explotación infantil, dada su mayor facilidad para acceder a las minas, ya que las entradas suelen ser muy reducidas. Un ejemplo de la dependencia mundial de este preciado mineral, es que Sony tuvo que retrasar el lanzamiento de la PlayStation 2 hasta la primavera del año 2000 por carecer de cantidades suficientes de coltán para su producción masiva.

El mapa de los recursos naturales en África. Fuente: Fogonazos.es

El problema del extractivismo (la extracción de recursos naturales pese al impacto natural que esto supone) ha tenido serias consecuencias, principalmente en América Latina (Brasil, Venezuela o Ecuador con el petróleo y la minería, por ejemplo), llegando incluso a dividir gobiernos como el de Rafael Correa, ya que el que fuera su Ministro de Energía y Minas Alberto Acosta, abandonó el partido gubernamental pasando a ser uno de los opositores de izquierda más críticos de la administración del Mashi, debido al conflicto que generó la Iniciativa del Yasuní-ITT (entre otras diferencias), la cual explicaré más adelante.

La orientación política que tomen estos países propietarios de recursos será decisiva en muchas ocasiones para su propio futuro, como sucedió en el caso de la República Democrática del Congo (quien, por cierto, tuvo que aceptar la deuda externa de Bélgica para obtener su independencia). Este enorme país de casi 80 millones de habitantes alcanzó su independencia en 1960, un año después de que se celebrasen elecciones y saliese elegido primer ministro Patrice Lumumba, revolucionario líder del Movimiento Nacional Congoleño y que había luchado por la libertad del pueblo congoleño. Lumumba, ante los movimientos secesionistas que se le presentaron (apoyados por Bélgica para seguir controlando los recursos minerales del país), optó por pedir ayuda a la Unión Soviética y así evitar la fragmentación de su territorio, la cual respondió con una intervención en las regiones conflictivas.

Ante el temor a que las ideas marxistas se instaurasen nuevamente en un país, en este caso africano, los servicios secretos belgas en colaboración con la CIA asesinaron a Lumumba, rociándolo definitivamente con ácido para hacer desaparecer su cuerpo, dando lugar a una brutal dictadura de más de 30 años. En diciembre de 1999 se presentó una moción en el Parlamento de Bélgica, que sería aprobada en febrero de 2002, para la creación de una comisión parlamentaria encargada de investigar las circunstancias y el grado de implicación de su país en el asesinato (hipervínculo adjunto).

Otro caso más conocido de saqueo de un recurso natural fue la invasión norteamericana de Irak en el año 2003, sin el aval del Consejo de Seguridad de la ONU (Francia vetó la intervención, lo que provocó serias diferencias diplomáticas entre ambos países) y bajo el pretexto de que el país de Oriente Medio poseía armas de destrucción masiva, las cuales nunca fueron encontradas (incluso posteriormente los inspectores designados al efecto no pudieron encontrar pruebas de que éstas existieran). La realidad es que tras la invasión imperialista, las empresas de EEUU y Reino Unido pudieron acceder a las grandes reservas de crudo que poseía Irak, llegando incluso a tener tensiones acerca de su reparto.

Algo similar pasó en Libia en 2011, después de los bombardeos de la OTAN y el derrocamiento de Gaddafi (actualmente el país está devastado y dividido, con un gobierno en Trípoli y otro en Tobruk), el petróleo, que era público hasta entonces y permitió al país ser con diferencia el más desarrollado de toda África, pasó a manos de empresas privadas como la British Petroleum, que pudo sacar grandes dividendos de la explotación del conocido como “oro negro”.

En Ecuador, el gobierno de Rafael Correa elaboró la Iniciativa Yasuní-ITT, que condicionaba el mantenimiento de un sector del Parque nacional Yasuní (ubicado en los cuadrantes de explotación petrolífera Ishpingo, Tiputini y Tambococha y con una gran variedad de flora y fauna) a un mecanismo de compensación económica por parte de la comunidad internacional, bajo los criterios de economía ecológica y ambiental, ya que al no explotar esos recursos petrolíferos dejaba de recibir los ingresos que generaría su venta. Dicho con otras palabras, lo que el estado ecuatoriano no recibiría de la venta del petróleo que no iba a extraer, lo abonaría el resto de la comunidad internacional.

Sin embargo, no se recaudaron los fondos esperados por parte del resto de países, por lo que Correa anunció el 15 de agosto de 2013 que el proyecto se daba por finalizado y que el 0.1% del Parque nacional se usaría para la extracción petrolífera, pese a los sucesos pasados con Chevron (en 2003 las comunidades indígenas de la provincia de Sucumbios demandaron a la multinacional estadounidense por el derramamiento de más de 80.000 toneladas de residuos petrolíferos en el Lago Agrio entre 1964 y 1992). Este cambio de postura supuso la ruptura con Alianza País del antiguo ministro Acosta, quien fundó un nuevo partido y se presentó como candidato a las presidenciales del año 2013. Economía vs Ecología, el eterno dilema.