FRANCISCO BALAGUER CALLEJÓN

Catedrático de Derecho Constitucional

Algunos líderes del PP comienzan a exponer propuestas para el día después de las elecciones de 2012, que dan por ganadas. Entre ellas está la de “reordenar el Estado”, que plantea modificar el actual sistema competencial limitando las posibilidades de intervención de diversas administraciones sobre la misma materia. Nuevamente, el Estado autonómico es considerado un obstáculo para salir de la crisis y se sitúa el problema no en la mala gestión de los dirigentes políticos de algunas comunidades autónomas, sino en la propia estructura del sistema autonómico.

Esa “reordenación del Estado” tendrá que superar obstáculos insalvables incluso para un posible gobierno del PP que contara con mayoría absoluta. Constitucionalmente, sólo caben dos vías posibles para una limitación de las actuales competencias de las comunidades autónomas. La primera de ellas sería la reforma de los estatutos reduciendo el número de competencias actualmente asumidas. Sin embargo, la política seguida por el PP hasta ahora se ha basado en una crítica muy dura a las reformas estatutarias que no han obtenido un amplio consenso en las Cortes Generales. Hasta tal punto que el presidente de ese partido ha afirmado que su primera medida de gobierno sería “elevar algunas de las mayorías cualificadas, por ejemplo, para reformar estatutos de mayoría en las Cortes, dos tercios”.

Establecer esta mayoría de dos tercios como requisito jurídico será difícil, ya que es necesaria la reforma constitucional para que las leyes orgánicas que aprueban los estatutos de autonomía requieran una mayoría diferente de la mayoría absoluta del Congreso prevista en el artículo 81.2 de la Constitución. No obstante, es de suponer que el PP no propiciará, mientras tanto, ninguna reforma estatutaria que limite las competencias autonómicas si no consigue un acuerdo parlamentario favorable de dos tercios.

Ese acuerdo es poco probable, sin embargo, si tenemos en cuenta la orientación claramente autonomista de los partidos más representativos. Por el mismo motivo, tampoco parece previsible una reforma constitucional que reduzca las competencias autonómicas. En esas condiciones, el PP podría hacer lo que ya hizo en su último período de gobierno: intentarlo subrepticiamente por vía legislativa, provocando así un conflicto permanente y un auténtico desorden.