El 15 de diciembre la tecnología de Resonancia Magnética (RM) se implantó en el sistema público en la Comunidad Valenciana, un paso más del Gobierno del Botánico en la desprivatización de servicios públicos esenciales.

La situación de la resonancia en la región ha sido más que una privatización, una privación del uso y desarrollo de la tecnología en la Sanidad Pública. El único equipo público se instala en 1988 en el Hospital Dr. Peset, el primero en territorio nacional y cuna de formación de radiólogos españoles y de Latinoamérica. La llegada del PP al Gobierno de la Generalitat frustró la adquisición de un segundo equipo público para el Hospital de San Juan.

Hasta el año 2001, fecha de adjudicación del concierto de RM para toda la Comunidad, las exploraciones se realizaban por las empresas Inscanner (Alicante) y Eresa (Valencia y Catellón). Esta decisión de privatizar una parte importante y puntera de la especialidad de Radiología tuvo consecuencias nefastas para las arcas públicas, para los profesionales en general y para los radiólogos y técnicos de Radiología, en particular también para la organización del servicio y para los pacientes.

Quienes no se resignaron a perder parte del pastel fueron las concesiones sanitarias (Alzira, Manises, B. Vinalopó, Torrevieja y Denia), que sí dispusieron de esta tecnología, un agravio más para el sistema público. Abundando más, Ribera Salud formó parte del accionariado de la UTE creada para optar y ganar el segundo concurso del concierto de RM en 2008.

En el aspecto económico, es conocido y publicado por la Sindicatura de Cuentas el sobrecoste de las exploraciones. Este tiene su origen en el coste inicial por exploración, aceptado por la Conselleria y muy por encima de la media en España, el excesivo número de pruebas realizadas – no había límite-, una facturación sin control por parte de la Administración, con un catálogo de exploraciones diferente al catálogo público y favorable a la sobrefacturación. A lo anterior se suman los costes asumidos por el sistema público en las RM privadas instaladas en los hospitales y que, en este caso, serían los gastos estructurales. Es decir, espacio, luz, línea telefónica, aire acondicionado, gases medicinales, agua, limpieza, seguridad y fungibles, a lo que habría que añadir el traslado de pacientes o la anestesia realizada por profesionales del hospital. Como se suele decir, un traje a medida para la empresa concesionaria. Según la Sindicatura de Cuentas, el ahorro anual con RM públicas sería de 16 millones de euros .

Organizativamente, se produce una fragmentación de la asistencia, interrumpiéndose el proceso asistencial. El paciente, que en función de los hallazgos se le hace una u otra prueba en el mismo servicio de Radiología, sale de este circuito programado de pruebas en el sistema público y es enviado al concierto. No existe interlocución entre los médicos que solicitan la prueba y la empresa que las realiza.

Los profesionales, al no disponer de la técnica, tienen graves dificultades para formarse: además de la tecnología, se privatiza el conocimiento. No disponer de esta técnica puntera tuvo, durante más de 25 años, una repercusión negativa en la formación de residentes que se lleva a cabo en los hospitales públicos. Esto hizo menos atractiva a la Comunidad Valenciana para los radiólogos de otras comunidades y para los MIR en formación. Salvo los profesionales del Hospital Peset y las concesiones sanitarias, la región no tuvo representación científica en los Congresos de la especialidad, publicaciones o investigación. En definitiva, había una desmotivación profesional importante.

Por otro lado, los pacientes también sufrieron las consecuencias de la privatización. Los hospitales que no disponían de RM debían trasladar los pacientes en ambulancia, con lo que esto conlleva de incomodidad, esperas, retrasos en los informes, etc. El transporte, también por cuenta de la Administración, claro. En la mayoría de los comités de tumores, la formación insuficiente de los radiólogos en RM ha sido un lastre. También se vieron afectados los especialistas que solicitaban las resonancias por la baja calidad de las exploraciones e informes, lo que motivó una protesta pública ya en 1996.

Afortunadamente, todo esto quedará atrás y será un ejemplo de lo que no se debe hacer, una experiencia de la que deberán tomar buena nota los responsables políticos de los servicios públicos. La Comunidad Valenciana ha sido un banco de pruebas de la mal llamada colaboración público-privada y el mejor ejemplo para modificar, si no es posible derogar, la Ley 15/97 que la permite.

Puestos los ojos en el futuro, y tal como ocurrió y ocurre con la reversión de las concesiones sanitarias, ahora comienza una nueva etapa, un reto para la Conselleria de Sanidad y también para los profesionales. El pasado siempre marca el futuro. Por eso, todos tienen por delante una tarea ingente que no deberá repercutir en los y las pacientes.

La Consellería, por su parte, deberá renovar la mayoría de equipos que serán sustituidos por los que se adquieran con fondos de la UE –Plan INVEAT del Ministerio de Sanidad- y será necesario hacer obras de adaptación o ampliar las instalaciones. A pesar de la subrogación del personal de la concesión, será necesario formar a más técnicos y, también, a médicos. Todo ello sin que la dinámica asistencial se detenga, situación que obligará a mantener durante esta etapa de transición algún tipo de concierto, limitado en el tiempo, hasta que las propias instalaciones y el personal alcancen el máximo rendimiento.

Tarea más difícil y comprometida es mantener la equidad en el reparto de los recursos. Sería bueno no caer en los errores de siempre, entre otros, "premiando" a los servicios con mayor lista de espera o razones de otra índole, que poco tienen que ver con un uso adecuado de los recursos, en lugar de hacerlo con aquellos servicios que demuestren una mayor eficiencia en el uso de los mismos. Pero eso requiere un conocimiento profundo de los servicios de Radiología, de su funcionamiento y de sus necesidades, además de transparencia a la hora de explicar los criterios de reparto de los recursos y, así, evitar agravios que tanto dañan la motivación de los profesionales, el sentido de pertenencia y el buen funcionamiento de los servicios.

Por su parte, los profesionales de Radiología han conseguido después de 25 años acceder a una tecnología puntera que tenían vetada. Esto conlleva una dosis de responsabilidad, pero también de generosidad. Será necesario reorganizar los servicios, al personal, los turnos, controlar la demanda innecesaria de pruebas, etc. Estos equipos, cuyo coste medio es de un millón de euros, deberán ser explotados al máximo. No debería haber una maquina parada allá donde haya lista de espera. Administración y profesionales deberían cambiar la forma de gestionar los recursos. Siempre hay un margen para la mejora y conseguirlo requiere confianza entre las partes. Los pacientes merecen todo eso y más.

El Gobierno del Botánico ha cumplido con su promesa electoral y el pacto firmado entre los socios de Gobierno. Ha llegado el momento de demostrar que la eficiencia no es patrimonio de la gestión privada, por más que desde el ámbito privado se empeñen en difundir este discurso.

Firma del post:

Isabel González. Médica radióloga. Fue jefa de servicio y profesora asociada de radiología en la Universidad Miguel Hernández de Elche, así como Directora General de la Alta Inspección y gerente de los departamentos de Salud de San Juan de Alicante y La Ribera (Alzira).

Forman el Foro Ágora Salud:

Carmen Montón. Embajadora observadora permanente ante la Organización de los Estados Americanos y ha sido Ministra de Sanidad, consumo y bienestar social y Consellera de Sanidad.

Ricardo Campos. Médico Oftalmólogo. Ha sido Secretario General del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y subsecretario autonómico de Sanidad.

Rafael Sotoca. Médico de familia y activista sanitario. Fue director general de asistencia sanitaria de la Comunidad Valenciana.

Begoña Frades García. Psiquiatra y jefa del área de salud mental del Hospital Pare Jofre. Ha sido coordinadora autonómica de Salud mental.

José Antonio López Cócera. Enfermero especialista en Salud mental y miembro de la comisión nacional de la especialidad.

Isabel González. Médica radióloga. Fue jefa de servicio y profesora asociada de radiología en la Universidad Miguel Hernández de Elche así como Directora General de la Alta Inspección y gerente de los departamentos de Salud de San Juan de Alicante y La Ribera (Alzira).

Enrique Ortega. Médico especialista en enfermedades infecciosas y jefe de servicio de Enfermedades Infecciosas, Emergentes e Importadas. Ha sido profesor asociado de de medicina de la Universidad de Valencia y Director Gerente del Departamento de Salud del Hospital General de Valencia.

Antonia García Valls. Asesora coordinadora en la Vicepresidencia Cuarta, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Ha sido diputada en el Congreso.

Pere Herrera de Pablo. Médico de familia y médico SAMU. Ha ejercido como director del Servicio Emergencias Sanitarias de la Comunitat Valenciana.

Roser Falip Barangué. Doctora en Medicina y especialista en medicina de familia y en análisis clínicos. Ha sido gerente del Departamento de Salud de Alcoy.

Susana Hernández Campa. Enfermera y Técnico de Calidad.

Ilustra el blog:

Verónica Montón Alegre. Artista interdisciplinar.