Como era previsible, a la banca española le ha faltado tiempo para repercutir en sus clientes los gastos hipotecarios. En teoría, esos gastos deben correr ahora por cuenta de las entidades, excepto el de tasación. Pero, en la práctica, siguen pagándolos los deudores, solo que por otra vía: la de los tipos de interés. Altos directivos del sector financiero ya habían advertido sobre esa posibilidad, a la que desde el Gobierno se intentó restar importancia. No ha sido necesario esperar mucho para saber quién estaba en lo cierto y quién pecaba de un optimismo bastante ingenuo.

Desde noviembre del año pasado, en que el Gobierno decidió endosar a la banca el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, que históricamente habían costeado los prestatarios, los tipos de interés de las hipotecas han pasado del 2,1 al 2,4% en promedio, según el Banco de España. Para una hipoteca de 150.000 euros a 30 años, esos 0,3 puntos de diferencia suponen un coste adicional cercano a los 8.000 euros, cifra incluso superior a la que suman los gastos que antes habría soportado el cliente (gestoría, notaría y registro, además del impuesto) y ahora recaen sobre la entidad financiera.

Podría alegarse que en este periodo las hipotecas no han subido sólo en España. Pero sería falso: actualmente, los tipos de interés están aquí muy por encima de la media de la Eurozona (1,74% en abril), al contrario de lo que ocurrió hasta mediados de 2018. Tampoco cabe escudarse en un supuesto encarecimiento generalizado de todos los créditos, porque los destinados a bienes de consumo (compra de coche o de electrodomésticos, por ejemplo) se mantienen estables y en mínimos históricos desde que en noviembre iniciaron su escalada los préstamos hipotecarios.

Ante esta situación, hay quien se consuela pensando que el banco que sube sus tipos de interés es menos competitivo y, por lo tanto, puede acabar arrepintiéndose de haberlo hecho. Yo no me haría ilusiones, porque ese efecto se diluye cuando todos los competidores mueven ficha a la vez. Que es exactamente lo que ha ocurrido en España, salvando alguna entidad que ha preferido mantenerse al margen, con la esperanza de contribuir así a atenuar sus antiguos problemas reputacionales.

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