Vicenç Navarro

Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University

La deuda pública acumulada por los países de la Eurozona es impagable. Ha alcanzado un nivel que los Estados no podrán pagar. Esto aplica prácticamente a todos los países, pero muy en especial a los países antes llamados PIGS (Portugal, Irlanda, Grecia y Spain), y ahora GIPSI (con el añadido de Italia). En todos ellos la deuda pública está por encima de los niveles permitidos en el Tratado de Maastrich, que estableció las condiciones que los países debían seguir para entrar y permanecer en el euro.

Frente a esta situación deberían hacerse dos preguntas. Una es ¿cuál es la consecuencia de que los Estados no paguen la deuda? Y la otra, ¿debería pagarse tal deuda? En realidad, los Estados no deberían pagar la deuda, incluso en el caso de que pudieran hacerlo, pues esta deuda es exagerada y la cantidad de intereses que se ha forzado a los Estados a pagar para poder conseguir dinero, es decir, para que la banca comprara bonos públicos del Estado, es artificialmente alta e inmoral. Y digo inmoral porque esta exigencia de que los Estados paguen intereses altos se basa en que ha sido la propia banca, a través de su lobby, el Banco Central Europeo, la que ha creado la situación intolerable en la que los Estados no tenían otro remedio para conseguir dinero que pagar tales intereses exageradamente altos, pues el Estado no podía pedir prestado dinero del BCE (mientras que los bancos sí que podían). Es como si una persona robara dinero a otra y luego tuviera la osadía de prestarle el dinero robado (porque no había dinero disponible de ninguna otra fuente) a la persona robada, a unos intereses elevadísimos. El ladrón robaría dos veces a la persona robada. Esto es lo que la banca ha hecho. Ha eliminado el instrumento que los Estados tenían para protegerse de la especulación de sus bancos, y así han conseguido intereses de los bonos altísimos (ver mi artículo “La estafa de la deuda pública” en El Plural, 29.11.12)

Por otra parte, es importante que se informe a la ciudadanía que los Estados pueden conseguir recursos y que pueden conseguirlo sin necesidad de endeudarse. La negación de esta posibilidad justifica las políticas de austeridad y los recortes de gasto público, incluyendo el gasto público social. Ahora bien, los Estados tienen enormes recursos que no se están tocando. Por ejemplo, si analizamos la propiedad pública que cada uno de estos Estados tiene, la cantidad total representa muchas veces el valor de la deuda pública. Y éste es el filón de oro donde los acreedores, es decir, los bancos, quieren meter mano. Tales Estados deberían resistirse a ceder a esta demanda, pues una vez vendida tal propiedad, ya no tienen donde apoyarse en el futuro.

Existe, sin embargo, una enorme propiedad privada que se ha ido incrementando y concentrando durante estos hechos de recesión, cuando las desigualdades de renta y propiedad han crecido exponencialmente, es decir, muy rápidamente. Así, en Italia, el país de los GIPSI que tiene mayor deuda pública (la OCDE calcula que en 2013 será un 122% del PIB) tiene nada menos que en propiedad privada en inversiones y tierra el 377% del PIB, en inversiones financieras el 237% de PIB, y así un largo etcétera. Stefan Bach, en un interesante artículo, “Capital Levies – A Step Towards Improving Public Finances in Europe”, en Social Policy Journal calcula que un incremento de un 5% de los impuestos sobre tal propiedad privada podría conseguir el equivalente al 15% del PIB, medida que, a la vez que contribuir a reducir las desigualdades, disminuiría su enorme deuda pública. No se conocen estudios semejantes en España pero es probable que las cantidades fueran muy semejantes.

Otra área de ingresos son las rentas originadas del capital, invertidas en actividades especulativas a través de la banca. Incluyo en esta categoría la huída de capitales a paraísos fiscales u otros países, distinta a los de los depositarios. Incluso el Banco Mundial, un organismo de clara orientación conservadora, ha documentado en todos los países de elevada deuda los fondos depositados en el extranjero, que en cada uno de estos países representa una cantidad mucho mayor que el tamaño de la deuda pública (ver el libro Debt, the IMF and the World Bank. Monthly Review Press 2010, escrito por Eric Toussaint y Damien Millet).

España, uno de los países con mayores desigualdades de la OCDE puede y debe conseguir fondos de aquellos que se beneficiaron más de los años de bonanza. Dinero lo hay con gran abundancia entre las grandes fortunas, las grandes empresas y la banca (que ha recibido fondos públicos por una cantidad equivalente nada menos que al 10% del PIB). El problema es que el Estado no los recoge. Influenciado por las grandes fortunas, por las grandes empresas y por la banca, el Estado prefiere endeudarse, beneficiando a la banca, a la cual se le paga más adelante los intereses elevadísimos, con dinero público. Un escándalo.