Fernando Pedrós

Periodista, filósofo y miembro de Derecho a Morir Dignamente (DMD)

En este final de año no es necesario echar la vista atrás para hacer un recuento de los episodios o puntos de interés que ha habido en la lucha por el reconocimiento del derecho a una muerte digna. El mes de diciembre que estamos terminando ha sido tan intenso y valioso que constituye el jalón más importante en muchos años en nuestro país. Los partidos políticos han presentado sus programas electorales y en ellos hemos podido comprobar los compromisos de muchos partidos a favor de la eutanasia y el suicidio asistido como medios para ser ciudadanos libres en la disposición de la propia vida frente a la prohibición del Código Penal. Y el 17 de diciembre en el parlamento autonómico extremeño se representaba un acto importante de esta lucha a favor de la libertad del enfermo en su última etapa de su vida. Este mes ha sido un buen prólogo a la legalización de una muerte plenamente digna.

En sesión plenaria se presentó en la Asamblea de Extremadura una propuesta impulsada por Podemos y apoyada por el PSOE, que tuvo el voto en contra del PP y la abstención de Ciudadanos. En la propuesta se pide al Gobierno nacional que se abra un amplio debate público sobre eutanasia y muerte digna con vistas a la elaboración de una ley que regule la eutanasia en España ya que “el derecho a la vida debe llevar el derecho a respetar el derecho a una muerte digna de una persona”.

No es la primera vez que esto ocurre; ya hace unos meses el parlamento de Euskadi realizó una actuación parecida y exigía al Gobierno presidido por Rajoy la presentación de un proyecto de legalización de la eutanasia. Los parlamentarios socialistas juntamente con los de PNV y EH Bildu consensuaron un texto, respaldado por todos los grupos menos el PP, que reclamaba al Gobierno central la modificación del artículo 143 del Código Penal para que el suicidio asistido y la eutanasia en determinadas circunstancias no fueran punibles. Es más, se comprometían los parlamentarios a ponerse en contacto con los otros parlamentos autonómicos para que repitiesen la misma exigencia legislativa.

La acción parlamentaria vasca ha tenido efecto en la asamblea extremeña y su propuesta solicita al gobierno central la reforma del artículo del Código Penal de modo que el que con actos ‘necesarios’ o de cooperación activa facilite la ‘muerte digna y sin dolor’ a una persona que lo solicita ‘de forma expresa, libre e inequívoca’, en caso de enfermedad grave e irreversible o ‘padecimientos permanentes e insoportables’ quede exento de pena. La propuesta, como se puede leer, supone una vuelta al calcetín del texto del art. 143.

En la asamblea de Extremadura se oyeron razonamientos que DMD lleva defendiendo y difundiendo a lo largo de sus 31 años de movimiento social a favor del derecho del ciudadano a decidir sobre su muerte digna como atributo de su propia dignidad. “En Extremadura como en el Estado español se muere mal -se oía en boca de los parlamentarios-, la calidad de la muerte debería igualar a todos”. Se reclama que todos los pacientes han de recibir el mismo trato en cuidados paliativos y, si lo solicitan, en ayuda para morir. Por ello se comprometían a que se revisase con urgencia el Plan Regional de Paliativos de Extremadura, porque tal como está no solo es insuficiente sino que no responde a las demandas actuales de los ciudadanos. Y, además, se recalca que es esencial programar una formación específica de los profesionales sanitarios en materia de ‘muerte digna’ así como la elaboración de un proyecto de ley para una muerte digna en Extremadura. Este es un punto fundamental: el profesional sanitario –y sobre todo los médicos- han de ser conscientes de que en España se muere mal y que los cuidados paliativos, siendo de gran importancia, no son el todo pues el ciudadano siempre ha de ser libre para decidir el cuándo y el cómo pone límite a su propia vida.

Y tras este prólogo esperemos que estos episodios no sean sin más un buen recuerdo sino las primeras líneas de una hoja de ruta que consensuadamente realicen los partidos que luchan por la libertad del ciudadano.