La eterna promesa de una reforma agraria que no llegaba provocó grandes movilizaciones campesinas en el sur de nuestro país durante los años 30 que fueron violentamente sofocadas por los mercenarios franquistas. Estas vuelven a rebrotar en la década de los 60 por la entrada de miles de tractores y cosechadoras en los latifundios no repartidos. En este caso la respuesta del franquismo y los señores de la tierra no fue violencia armada sino legislativa. Había que acabar con esas manifestaciones agrarias y quitarles de la cabeza de nuevo el anhelo del acceso a la tierra.

De esta forma el 1 de enero de 1971 entra en vigor la Ley 41/1970, de 22 de diciembre que establecía el llamado “Empleo comunitario” mediante el cual: “...se otorgarán ayudas a los trabajadores por cuenta ajena, preferentemente mediante la aplicación de fórmulas de empleo transitorio con carácter comunitario…..que favorezcan las condiciones de vida de la población en los centros rurales”.

Se traspasaba así el perenne conflicto empleador/empleado o terrateniente/jornalero a un nuevo conflicto administración/administrado. La estrategia de las influyentes familias que acaparaban la propiedad de la tierra había salido redonda.

En 1983 ya con el PSOE en el gobierno se crea el PER (Plan de Empleo Rural) a través del Real Decreto 3237/1983, de 28 de diciembre, según el cual se establece como principal novedad una prestación asistencial a los eventuales agrarios denominada Subsidio Agrario mediante la declaración, entre otros muchos requisitos, de un número determinado de peonadas.

El cambio de siglo se inicia, de nuevo, con grandes movilizaciones agrarias ante un intento de eliminación total del “PER” en 2002 con el “decretazo” del gobierno del Partido Popular. Tras el amago fallido se instaura a partir de 2003 un segundo sistema de ayudas bajo el nombre de Renta Agraria, bastante más restrictiva para sus posibles beneficiarios.

En las elecciones de 2004 el PSOE vuelve a gobernar y desvincula la cuantía de estas ayudas -y otras como becas de estudio- del salario mínimo interprofesional (suele subir cada año) y lo vincula al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Este indicador lleva congelado desde el año 2010 por lo que el PSOE ha quitado poder adquisitivo a los/as jornaleros/as -además de estudiantes, etc-.

La realidad es que en el estado español existen cerca de 900.000 trabajadores y trabajadoras del campo, en definitiva, campesinos y campesinas sin tierra, 550.000 en Andalucía y Extremadura. La concentración de tierra en pocas manos es la realidad histórica que está en la base de esta situación social. En Extremadura el 3% de los propietarios posee el 44% de la tierra y en Andalucía 766 propietarios son dueños de más de 1.000.000 de hectáreas de tierra. Se mantiene además el escaso interés de las autoridades públicas en la promoción de una agricultura alternativa y diversificada, en potenciar de industria de transformación local y permanece una PAC que refuerza a los grandes empresarios agrícolas como gastos corrientes sin casi ninguna exigencia social expulsando a los pequeños perceptores. Resulta escandaloso saber que 16 grandes terratenientes andaluces cobran lo mismo que 17.000 jornaleros y jornaleras y no tienen que justificar ninguna peonada de trabajo. Por otra parte la intensificación y tecnificación de los cultivos o los incumplimientos de los convenios agrarios se suman a las causas que dificultan enormemente la posibilidad de conseguir las peonadas necesarias percibir subsidio agrario o renta agraria. Esto se ve reflejado claramente en las estadísticas del Ministerio de Empleo y Seguridad Social según las cuales se vienen reduciendo año tras año el número de perceptores de estas ayudas. En este contexto, los jornaleros y jornaleras se ven obligados en muchas ocasiones a pedir favores a empresarios y/o responsables políticos municipales para acceder a las peonadas necesarias para cobrar los 426 euros mensuales perdiendo su autonomía y dignidad e incluso su capacidad para exigir que se cumplan sus derechos básicos. Estos subsidios no deberían existir si se hubieran desarrollado otras políticas más adecuadas para el desarrollo del mundo rural que ha contado con consistentes fondos públicos en las últimas tres décadas

Por otra parte, la convivencia desde hace quince años de dos sistemas diferentes como el subsidio agrario y la renta agraria genera agravios entre personas que realizan el mismo trabajo y tienen, por tanto, diferentes condiciones de acceso a estas ayudas ínfimas que además creemos que no pueden quedar a voluntad de los responsables políticos municipales o los empresarios agrarios.

Por todo ello planteamos la unificación de los dos sistemas actuales en uno sólo que elimine diferencias entre eventuales agrarios y que dignifique el acceso a estas ayudas que deberán estar vinculadas al SMI para alcanzar una cuantía digna.

Como dice la imagen, los jornaleros y jornaleras quieren trabajo, tierra y protección social. Esta iniciativa abunda en la primera y se complementa con otras que están en marcha para poner tierra a disposición de proyectos agroganaderos sostenibles, facilitar la transformación y venta de las pequeñas producciones, redirigir la PAC hacia quienes estadísticamente generan más empleo, es decir, las pequeñas y medianas explotaciones, etc.

Apelamos a la responsabilidad del PSOE para que nuestra iniciativa sea aprobada en el Pleno del próximo 16 de mayo.

Después de 46 años ha llegado la hora de la DIGNIDAD JORNALERA.

Eugenio Romero. Diputado de Podemos en la Asamblea de Extremadura

Mari Carmen García. Diputada de Podemos en el Parlamento Andaluz

Alejandro Serrato. Responsable de Mundo Rural en el Consejo Ciudadano Autonómico de Andalucía

Diego Cañamero. Diputado por Jaen en el Congreso de los Diputados. GC Unidos Podemos

Eva García Sempere. Diputada por Málaga en el Congreso de los Diputados por el GC Unidos Podemos