El dilema del Constitucional

El ambiente se va caldeando. Arrecian las filtraciones a diferentes medios del punto muerto –o tonto, según se mire- en que se encuentran las deliberaciones del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Catalunya. Al parecer sus señorías no ven con buenos ojos que ésta se defina como una nación, con su consiguiente despliegue simbólico. Tampoco les parecería bien que el catalán estuviera en pie de igualdad con el castellano, y ambos fueran de obligado conocimiento para los ciudadanos. En fin, que la cosa está que arde, y sólo falta que alguien encienda la mecha para que explote la bomba con todo su poder expansivo. Pero, ¿a quién beneficia una sentencia donde se anule la nacionalidad catalana, se declaren ficticios sus símbolos y se decrete que la suya es una lengua de segunda categoría? Se lo explicaré: sólo beneficia a los partidarios de la independencia de Catalunya. Aquellos catalanes que ya han roto amarras, aquellos que consideran, en su perfecta legitimidad, que en ese barco que se llama España sólo quedan algunas ratas despistadas, están esperando como agua de mayo una sentencia represiva para poder hinchar el pecho y decir: “¿Veis? Lo que yo os decía”.

Durante años admiramos que en Catalunya el nacionalismo no hubiera implicado una fractura social tan violenta como en Euskadi, con su radical división entre fieles a una y otra patria. Ahora, por obra y magia de diez magistrados con más o menos piedad, Catalunya está en el disparadero. ¿No sería más fácil reconocer de una vez que España es un estado plurinacional y que sus cuatro lenguas deben ser iguales en derechos y obligaciones?