RAMÓN COTARELO

Se comprende que, en el actual clima de confrontación política, el PSOE cierre incómodas filas en torno al ministro Bermejo defendiéndolo ante las peticiones de dimisión. Cualquier concesión en esta justa será vista como una debilidad por el adversario y aprovechada en consecuencia. No obstante, quizá sea más avisado cambiar de actitud cuando aún se está a tiempo que tener que encajar más tarde destrozos mayores.

Lo que mal comienza mal acaba y, por las razones que sean, los comienzos de este ministro han sido malos e innecesariamente conflictivos. Pero en este asunto de la caza todo se ha rizado el rizo, empezando por la convicción, no de unánime aceptación pero sí bastante extendida, de que todo lo cinegético tiene más que ver con la estética de la derecha que de la izquierda. Cuanto más a la izquierda, menos concordancia, al extremo de que es ella la que alimenta las tendencias prohibicionistas en línea con la lucha contra el maltrato animal. Asunto desafortunado cuando el ministro ha alardeado en alguna ocasión de ser muy “rojo”, según se ve más de dicho que de hecho.

Además de tratarse de una cacería, en sí misma de escaso encaje en el imaginario de la izquierda, la aventura fue “inoportuna”, según acabó reconociendo el ministro a regañadientes, luego de que comenzara desbarrando, como siempre, y burlándose de las primeras objeciones que se levantaron.

Inoportuna por coincidir en la actividad con el juez Baltasar Garzón que, al parecer, peca de igual debilidad hacia los comportamientos tradicionalmente ligados a los señoritos y en el momento en que se instruye un proceso por corrupción que afecta a militantes del Partido Popular. Inoportuna asimismo porque da una imagen lamentable de los usos y costumbres de los poderes del Estado en el cortijo andaluz.

Se añade con posterioridad que el señor ministro cazaba sin la preceptiva licencia. Es cierto que se trata de una mera falta administrativa subsanable con una multa y que ello no tiene mayor importancia… si no se tratara de un ministro. La distinción entre delitos y faltas está pensada para los ciudadanos ordinarios a los que no se exigen comportamientos éticos más ejemplares. Pero la cosa cambia cuando se trata de políticos que, si predican –y vaya si predican– han de dar trigo. Precisamente enjuiciar el comportamiento del ministro como el de un ciudadano ordinario es lo que explica la falta de ejemplaridad y calidad de nuestro sistema político que, si es democrático, se debe a que tiene un alto nivel de exigencia ética a los políticos. ¿Dimitir por una falta administrativa? Sí, ¿por qué no? La lenidad en estos casos sólo puede ser aval para comportamientos peores.

Hay una razón política táctica que puede erróneamente aconsejar al PSOE seguir cerrando filas en torno al señor Bermejo aun con la sospecha de que el grado de inadmisibilidad de su comportamiento todavía pueda agravarse y es la idea de no dar munición al Partido Popular en su particular cacería ministerial. Pero quizá deba mirarse desde otro punto de vista: la dimisión del ministro por un asunto aparentemente menor dejará más en evidencia la muy condenable actitud del Partido Popular en el que no hay dimisiones ni siquiera ante imputaciones penales graves.

Ramón Cotarelo es Catedrático de Ciencia Política