Diputado europeo, preso español

No habían transcurrido ni veinticuatro horas de la advertencia del Jefe de Estado al presidente de Gobierno, el dolor vendrá después, cuando efectivamente Pedro Sánchez pudo comprobar cuanta razón encerraba el aviso de Felipe VI. La doble bofetada judicial del Tribunal Supremo, manteniendo la prisión e inhabilitación de Oriol Junqueras contra la reciente decisión del Tribunal de Justicia Europeo, indica muy meridianamente que las puñetas de la oposición togada, liderada desde el Poder Judicial por el siempre diestro magistrado Carlos Lesmes, es más eficaz que la de las tres derechas dirigidas por el trío Casado, Abascal y Arrimadas. Así la derrota parlamentaria del PP, Vox y Cs del pasado martes es bastante compensada por su victoria leguleya de ayer jueves.

La Sala de lo Penal del Supremo se opone incluso a cualquier permiso penitenciario a Junqueras para que pueda trasladarse a la sede del parlamento europeo, que lo reconoce como diputado, porque la Sala de lo Contencioso confirma su inhabilitación por la Junta Electoral Central. Pese a que el propio presidente de la JEC, Antonio Jesús Fonseca Herrero, es asimismo uno de los magistrados de lo Contencioso del Tribunal Supremo. Paradoja a la que hay que sumar la cuestión prejudicial elevada por el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, al Tribunal de Luxemburgo sobre el diputado preso Junqueras, que ha sido desoída dado que la respuesta favorable a la presencia del prisionero de Lledoners en Bruselas no es de su agrado.

Salvo el decadente euroilusionismo de los nuevos sacristanes políticos, heredado del viejo eurocatetismo tradicional, nadie se sorprende. Si Polonia y Hungría hacen de su capa judicial un sayo, ¿por qué el Tribunal Supremo español no iba a hacer con sus puñetas lo mismo? Caben bien, por supuesto, todo tipo de recursos judiciales, pero el excelente equipo jurídico del Partido Popular sabrá encontrar oportunas argucias legales para continuar vistiendo como presidiario a Oriol Junqueras. Si además el Tribunal Supremo cuenta con el aval de la Fiscalía General del Estado, contra la opinión de la abogacía general, miel sobre hojuelas justo en las vísperas de la conversación telefónica del presidente Sánchez con el president Torra.

Más allá de las intenciones subjetivas del Tribunal Supremo, este serrucho judicial intenta cortar las cuatro patas de la Mesa del Diálogo que la Moncloa y la Generalitat se disponen a montar nada más se constituya el gobierno de Pedro Sánchez. Es una nueva zancadilla más a la perspectiva de un posible encauzamiento de la histórica cuestión catalana. Si la Unión Europea fue un argumento de peso contra el soberanismo, durante el procés, ¿por qué deja de serlo cuando los tribunales belgas, escoceses, alemanes y suizos dan la razón siempre a los derechos políticos de los soberanistas? Quizás la explicación resida en esa contundente negativa del PP a negociar la renovación de un Poder Judicial caducado desde finales de 2018.

Incluso si el presidente Pedro Sánchez se plantease la concesión de algún indulto, una clara atribución de la presidencia del Gobierno, podría encontrarse también con la negativa del Tribunal Supremo a dicha concesión. No le queda más que esperar a que el soberanismo catalán sepa reaccionar con audacia, prudencia e inteligencia a las puñetas de la oposición. Romper el diálogo, cuando todavía no ha empezado, sería entrar justo en la dialéctica de quienes hoy escriben políticamente con los renglones jurídicos torcidos. Los republicanos supieron no caer en la trampa en la investidura de Pedro Sánchez y probablemente sabrán también no poner el pie en este artero cepo leguleyo, pero no se puede asegurar lo mismo de sus compañeros soberanistas.

Estamos ante una muy grave crisis de Estado. El Poder Judicial enfrentado al Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo demediado. La mitad de la sociedad catalana, que se siente solo catalana, contra la mitad que se siente sobre todo española y la mitad de España, que sostiene la vía política para encauzar el problema catalán, contra la otra mitad que apoya la vía judicial. La judicialización de la política del Fiscal General Maza y el juez Llarenas, iniciada bajo el inmovilismo de Rajoy, desemboca estos mismos días en la creciente politización de la Justicia española bajo el caducado presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes. Doblar el gobierno de Pedro Sánchez, basado en la mayoría del parlamento, por el gobierno de los jueces, basado en el Consejo General del Poder Judicial nombrado bajo Rajoy, sería una gravísima equivocación de incalculables consecuencias.