Hasta hace bien poco era de los ingenuos que creía que la soberanía nacional residía, por delegación del pueblo español, en el Congreso y que los diputados eran garantes de ella.

Ahora, tras conocerse las actividades privadas de Trillo y Martínez Pujalte, que cobraron dinero de una constructora siendo diputados, se me han caído los palos del sombrajo.

Eso de tener que compartir la soberanía con Collosa u otras empresas que tengan o hayan tenido a diputados en nómina, no me hace ni chispa de gracia.

Pero antes de dictar sentencia pública sobre este tipo de proceder, que Martínez Pujalte ha calificado de legal pero sin negar la inmoralidad que representa, me gustaría saber si hay más diputados, sean del signo político que sea, que estén en nómina de empresas privadas y compatibilicen el uso y disfrute de la soberanía nacional con media jornada en el Ibex 35 o en sus aledaños.

Las declaraciones de portavoz del Grupo Popular en la Cámara Baja, Rafael Hernando, que ha defendido el aumento de las compatibilidades de los diputados y el establecimiento de un régimen más flexible para que sus señorías puedan compatibilizar las actividades privadas con las públicas y viceversa, me llevan a pensar que la nómina de diputados instalados en la inmoralidad puede llegar a ser mucho más amplia.

La preocupación de Hernando por los diputados, que han tenido que “renunciar a su vida anterior o futura”, es puro corporativismo y huele a chamusquina. ¿Alguien les obligó a someterse a la voluntad popular cuando decidieron presentarse a las elecciones? ¿No están lo suficientemente retribuidos con los salarios que reciben? ¿No tienen bastante con las puertas giratorias de las que disfrutan casi inmediatamente tras entregar sus actas?

Por eso, llegados a este punto de incertidumbre y duda, para poder comprobar el grado de contaminación que tiene nuestra soberanía nacional, el Congreso debería abrir una exhaustiva investigación sobre las actividades de todos los diputados, sin excepciones.

En cualquier país democrático de medio pelo, es lo mínimo que se despacha. Es un derecho que tenemos los ciudadanos a saber, a que nos informen del estado de salud de la soberanía nacional que entregamos hace tres años largos a las Cortes Generales.

Si finalmente se evita esta investigación, que es lo que ocurrirá por el mal uso que el PP está haciendo de la mayoría absoluta, pues me temo muy mucho que aumentará la desafección de los españoles hacia nuestra democracia y hacia el bipartidismo que ha gobernado España en los últimos treinta años.

La inmoralidad cometida por Martínez Pujalte y Trillo no puede morir en la intimidad de un confesionario, tras un puñado de padrenuestros y unas cuantas avemarías, ni en un régimen parlamentario no lo suficientemente transparente.