José Luis Llorente

Ingeniero de Minas y miembro de econoNuestra

En España, los trabajadores por cuenta ajena “seniors”, de más de 50/55 años, sufren una doble discriminación laboral.

En primer lugar, los trabajadores desempleados de este rango de edad, salvo excepciones, tienen muy difícil volver a trabajar por cuenta ajena, al menos en un régimen “normal”. Las empresas no tienen interés en emplear a un senior que conoce sus derechos laborales, tiene una experiencia que tratará de que sea valorada y será, en general, más difícil de gestionar. En cambio, preferirán emplear a un junior, educado en una cultura más mercantilista, cuya falta de experiencia se puede compensar, en parte, por algún curso de formación y que no creará problemas ya que no se diferencia de otros cientos con su misma formación y capacidades.

No es rentable, para la mayor parte de las empresas, reintegrar a seniors en paro, pese a las ayudas que las Administraciones dedican a esta opción.

En segundo lugar, los trabajadores de este rango de edad con empleo, pese a estar en su momento más alto de productividad, sufren una presión creciente para que abandonen la empresa mediante distintos mecanismos, entre los cuales se encuentran las prejubilaciones, las bajas incentivadas, e incluso los despidos directos o el acoso laboral. Por el sueldo (y derechos adquiridos) de un empleado senior se pueden contratar 2 e incluso 3 empleados juniors, y de nuevo, la experiencia de los primeros se compensa teóricamente con formación, consiguiéndose a la vez un ambiente laborar más “dócil”. Además, la Reforma Laboral que tenemos en vigor en España desde 2012 (aunque el problema ya empezó con la reforma de 2010), ha fomentado este proceso al abaratar los costes del despido, con lo cual las negociaciones de salidas voluntarias y los despidos se han abaratado para la empresa.

Estos no son fenómenos que se produzcan sólo en España, por supuesto, como se puede ver en el siguiente gráfico (fuente: ODCE), pero es evidente que estamos a la cola de Europa, ya que países como Bélgica o Francia tienen sistemas de protección social mucho mejores que los nuestros y que palían en mayor o menor grado este problema.

Tampoco la discriminación por edad de trabajadores empleados es un invento español, al menos que yo sepa. En Estados Unidos, una conocida gran empresa trasnacional, con implantación en España, está siendo investigada por discriminación por edad.

La diferencia, en España, es que la legislación laboral existente favorece estas prácticas.

Y eso tiene un impacto en la economía nacional.

Los exempleados seniors que no tengan un gran capital que les permita ser rentistas hasta la edad de jubilación, tienen sólo tres alternativas, dando por supuesto que no van a volver a trabajar por cuenta ajena en condiciones “normales”:

• Trabajar en negro. Esta es la situación más frecuente para los profesionales de menor cualificación. Pueden trabajar incluso para sus antiguos empleadores, o independientemente, en una situación de gran precariedad personal, de ilegalidad y de alto riesgo laboral.

• Trabajar como autónomos: Es una versión más legal del caso anterior, que al menos es legal y segura, aunque igualmente precaria. Los falsos autónomos, contra los que se está empezando a actuar, tiene un respetable porcentaje de trabajadores seniors. Para los profesionales con más cualificación, la figura más habitual es la del freelance, aún más legal, pero precaria en cuanto a la continuidad.

• Emprender un negocio: Esta opción está al alcance de muy pocas personas, ya que requiere capital, además de una idea singular, y una asunción de riesgos elevada. Suele ser la escogida por profesionales muy cualificados y con un nivel económico elevado.

En todo caso, cualquiera de estas “soluciones” descapitaliza de conocimiento la sociedad y el propio tejido empresarial, además de los costes que suponen las actividades negras o grises desde el punto de vista fiscal.

¿Qué deben hacer las Administraciones ante esta situación? En mi opinión tienen muchas cosas que pueden y deben poner en marcha:

• Las ayudas a la contratación de mayores de 50 años (en realidad empiezan a los 45 años) son claramente escasas. Es necesario incrementarlas sustancialmente.

• La actual campaña para eliminar los falsos autónomos es útil, y debe de seguirse trabajando en esa línea.

• Es necesario crear nuevos organismos administrativos de control de malas prácticas empresariales en materia de Empleo. Los actuales son claramente insuficientes. En España no existe un organismo equivalente, en funciones y capacidades, a la Comisión de Igualdad de Oportunidades para el Empleo de Estados Unidos (https://www.eeoc.gov/spanish/), y debería haberlo.

Pero y, sobre todo, para que este fenómeno discriminatorio no siga adelante y se incremente, hay que atajar la causa raíz, que no es otra que la Reforma Laboral de 2012. Es necesario y urgente abolirla.