ANTONIO IZQUIERDO

Catedrático de Sociología

Obama ha violado, de palabra, una ley de bronce que rige en las políticas inmigratorias, a saber: en tiempos de tribulaciones no hay que hablar de regularizaciones. Tiene su mérito aunque lo cierto es que únicamente ha pecado de voz y, por ello, su falta es venial. Además, la legalización de los indocumentados es, sin duda, prioritaria, pero lo realmente necesario es un cambio de la política migratoria en EEUU.

En esta crisis política y económica hay vencedores y vencidos. Obama se ha dirigido a los vencidos sin contentar ni a los trabajadores nativos ni a los inmigrantes. La suya ha sido una alocución insuficiente porque se ha referido a la ética, pero le ha faltado analizar la pugna de los intereses domésticos y exteriores. En verdad, se ha limitado a enunciar una medida de integración parcial con cortapisas sin evaluar la política de inmigración en su conjunto.

Legalizar a los sin papeles es justo porque respeta los derechos humanos. Es socialmente conveniente porque impulsa la movilidad social y alivia la segmentación de los mercados de trabajo. Y económicamente resulta beneficiosa, dado que aumenta el consumo y la recaudación de impuestos. Pero tiene muchos enemigos porque a quien más benefician los tributos es al Gobierno federal, mientras que los costes de la integración recaen sobre los gobiernos locales y estatales. Lo mismo sucede con ciertos empresarios que se aprovechan de los trabajadores indocumentados y con grupos nativos de su misma clase social que rechazan su legalización por temor laboral o cultural.

Una política de legalización tiene una vertiente internacional que repercute en la sociedad oriunda y más aún en las familias. A los gobiernos de origen les interesa la tutela de los emigrados y sus remesas. Y a los hogares les importa ver cómo prosperan los suyos. Las acciones sobre la migración exterior (instalación, circulación y retorno) siempre han sido selectivas por lo cual requieren la cooperación entre los principales países afectados.

En estas circunstancias, Obama tiene que hacer posible la regularización y cambiar los fundamentos de la vigente política migratoria. El principio básico es que la migración constituye un vínculo de desarrollo entre los países implicados y la tasa de irregularidad es una medida de cuánto se reduce el mutuo beneficio. Su discurso, para consumo interno, se ha quedado corto.