En aplicación de la Ley Orgánica 8/2007 de Financiación de los Partidos Políticos, el PP ha recibido este año 35,84 millones de euros de los Presupuestos Generales del Estado para su financiación ordinaria y sus gastos de seguridad. Es la subvención pública que le corresponde de acuerdo con los votos y escaños obtenidos en las últimas elecciones generales de 2008.

Es decir, que aparte de las cuotas que pagan sus más de 700.000 militantes, el resto de los ciudadanos también contribuye a las arcas del PP como a las del resto de formaciones con representación parlamentaria. Lo cual significa que Mariano Rajoy debe explicaciones y respuestas no sólo a la militancia sino a todos los contribuyentes. Por los múltiples indicios de financiación irregular que aparecen en el caso Gürtel y porque hay un elemento que cruza de cabo a rabo este sumario: dinero negro. Y no sólo es Rajoy quien está obligado a actuar. Esperanza Aguirre, con el desparpajo que la caracteriza, aprovechó ayer el silencio de su jefe para aparecer como lideresa en la exigencia de responsabilidades políticas por la corrupción.

Pese a los centenares de contratos que su Gobierno hizo con la trama y pese a la existencia de Fundescam, la fundación que pagó actos de la campaña del tamayazo saltándose a la torera el artículo 4 de la misma Ley de Financiación de Partidos. ¿No procedería exigir al PP la devolución de las subvenciones si se confirmara la magnitud de todo este disparate?