El Gobierno de Mariano Rajoy ya se ha resignado a que el déficit de la Seguridad Social llegue este año a los 18.000 millones de euros. Una cifra récord que todavía se podrá cubrir gracias al Fondo de Reserva, cuya dotación no da para mucho más después de las sucesivas y cuantiosas retiradas que ha sufrido desde 2012. Según los expertos, en la hucha de las pensiones queda dinero, a lo sumo, hasta mediados del próximo ejercicio. Luego desaparecerá ese colchón y, si para entonces no se han tomado las decisiones oportunas, será imposible que el sistema siga cumpliendo sus actuales compromisos.

El desfase de 18.000 millones de euros equivale, grosso modo, al coste de las dos pagas extraordinarias que cobran los pensionistas y a sus correspondientes retenciones a cuenta del IRPF. Sobre el presupuesto de la Seguridad Social, superior en 2016 a los 145.000 millones, el déficit previsto por el Gobierno (y comunicado a las autoridades de Bruselas) supone un 12,5% en números redondos. Nunca antes se había producido un agujero tan grande, pese a no ser ésta la primera crisis financiera grave que sufre el sistema.

Tradicionalmente, las cuentas se han equilibrado por la vía de frenar los gastos; es decir, a base de recortes. Lo que pasa es que, ahora, utilizar sólo ese recurso sería difícil de digerir por una sociedad que ha sido castigada sin contemplaciones durante los años más duros de la recesión y que no acaba de ver los resultados positivos de sus sacrificios. ¿Quién iba a asumir, en tales circunstancias, el coste político de un hachazo a las pensiones del calibre necesario cuando, además, cuatro de cada diez ni siquiera llegan al salario mínimo?

Pero una cosa es que nadie se atreva a hacerlo y otra que no se procure sembrar entre la ciudadanía un cierto fatalismo, que le haga aceptar otras medidas menos traumáticas. Por ejemplo, una subida de impuestos que permita costear parte de las actuales prestaciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Posibilidad ésta, por cierto, que han planteado abiertamente algunas fuerzas políticas.

Al final, probablemente, las cuitas de la Seguridad Social serán atajadas con una combinación de recortes y nueva financiación fiscal, lo cual puede ser tremendamente injusto. En primer lugar, porque esas cuitas no tienen nada que ver con los gastos, sino con los ingresos, que no crecen a la velocidad suficiente por culpa de una política de empleo basada en la temporalidad, los sueldos bajos y los contratos bonificados. En segundo lugar, porque, si la subida de impuestos recae sobre los de siempre, se produciría una doble penalización para los pensionistas, que cobrarían menos, mientras que como contribuyentes deberían pagar más.

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