Fernando Luengo

Profesor de economía aplicada de la Universidad Complutense de Madrid, miembro de econoNuestra, del círculo Energía, Ecología y Economía y del Consejo Ciudadano Autonómico de Podemos

El Partido Popular (PP) trae en su mochila electoral un mensaje fuerte: estamos saliendo de la crisis. La reciente evolución del Producto Interior Bruto (PIB) y del empleo serían dos de las pruebas, sacadas a colación continuamente, que demostrarían que el escenario de la recuperación se habría abierto en nuestra economía.

Poco importa para estos maestros de la propaganda que la “mejora” en el PIB se explique en gran medida por factores coyunturales, como la depreciación del euro, la caída en el precio del barril de crudo o la política de expansión monetaria seguida por el Banco Central Europeo. Tampoco se repara en que diferentes organismos internacionales están alertando sobre un panorama internacional crecientemente sombrío, surcado de tensiones económicas y políticas, que afectará, que ya está afectando, a las previsiones de crecimiento, también a las referidas a la economía española. Y, por supuesto, nada se dice de que la mayor parte de los nuevos empleos son de pésima calidad, simplemente indecentes.

Pero, claro, tenemos a tiro de piedra las elecciones y nada ni nadie puede empañar el mensaje –tramposo y sesgado, más que optimista- de que el final de la crisis ha llegado.

Sin pretender presentar una relación exhaustiva de indicadores que apuntan en una dirección radicalmente opuesta a la defendida por el gobierno, procede traer aquí algunos de los más significativos.

Según Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, en el año que está a punto de cerrarse el PIB tan sólo alcanzará el nivel que tenía en 2011. Si tomamos como referencia la producción de manufacturas y la formación bruta de capital fijo, dos de los indicadores que mejor expresan el potencial de crecimiento de una economía, las cosas han ido peor. El PIB manufacturero todavía se situará en 2014 (último año para el que Eurostat ofrece información estadística al respecto) un 5% por debajo del umbral de 2011, y la inversión un 0,5%.

Entre 2011 y 2015 la diferencia entre el PIB por habitante de Alemania y el de España se ampliará de manera sustancial, en algo más de cinco puntos porcentuales. Con el PP, la deuda pública, uno de los indicadores fetiche de los defensores de las mal denominadas políticas de austeridad (se ha distribuido dinero a manos llenas entre los bancos), se habrá disparado pasando del 69,4% en 2011 al 100,8% en 2015 (a pesar de que el déficit se ha recortado desde el 9,4% hasta el 4,7%).

A lo largo del periodo analizado, desaparecerán alrededor de 600 mil puesto de trabajo, lo que, en términos porcentuales, supone un 3% menos de ocupación. El número de desempleados crecerá en unas 100 mil personas y la tasa de desempleo en un punto porcentual, superando el 22%. La capacidad adquisitiva de los trabajadores ha continuado degradándose; así, la compensación real por empleado se habrá reducido un 2,5%, lo que se traduce en una pérdida equivalente en el peso de los salarios en la renta nacional.

Las diferencias entre los salarios mayores y menores ha seguido su trayectoria alcista: la relación entre el salario bruto promedio entre los deciles de ingresos superior e inferior ha pasado del 9,5%, en 2011, hasta el 11,3% en 2014. En relación a 2011, la población en riesgo de pobreza o exclusión social ha aumentado en más de un millón de personas, superando los 13 millones, lo que, aproximadamente, representa el 30% de la población. La proporción de trabajadores pobres también habrá crecido en casi dos puntos porcentuales, hasta alcanzar en 2014 el 12,6%, lo mismo que la riqueza en poder del 1% de la población, que habrá pasado del 24,6% al 27%.

Los políticos del PP y los medios de comunicación a su servicio pueden hacer juegos malabares con los datos de coyuntura o pueden apelar a la herencia dejada por el gobierno de Zapatero (que dejó mucho que desear desde la perspectiva de los intereses de la mayoría social). Lo cierto es que la realidad, esa que continuamente ignoran o deforman, es inapelable. No sólo estamos lejos de haber superado la crisis, sino que las políticas aplicadas en la legislatura que ahora se cierra nos han alejado de esa salida. No son pocos los autores que, recordando la experiencia latinoamericana, señalan que la economía española está ante una o dos décadas perdidas.

Los objetivos considerados prioritarios por el gobierno no se han alcanzado. Los ajustes presupuestarios no han saneado las cuentas públicas; al contrario, ahora son más frágiles. El retroceso de los salarios no ha mejorado nuestra competitividad, ni tampoco ha permitido conservar el empleo. La provisión de liquidez a los bancos no se ha traducido en mayor financiación para las familias y las pequeñas y medianas empresas. La recuperación de los márgenes empresariales no se ha traducido en una reactivación sustancial de la inversión productiva. En suma, la combinación de austeridad más reformas estructurales no nos ha hecho más fuertes ni nos ha sacado de la crisis.

Entretanto, los problemas de fondo, lejos de resolverse, se han agravado: ha aumentado la desigualdad y la fractura social, nuestra economía ha perdido capacidad productiva, la industria financiera continúa siendo el motor de la economía, las diferencias entre el norte y el sur se han acentuado y el proyecto europeo se encuentra cada vez más en manos de las elites y las oligarquías. Eso sí, los ricos lo son más, las grandes empresas tienen más poder de mercado, los bancos culpables de la crisis han saneado sus balances con dinero público y la reforma laboral se ha llevado por delante la negociación colectiva.

Por todo ello, urge un cambio sustancial en la orientación de la política económica. Un cambio que se tiene que articular en torno al empleo decente, la renovación del aparato productivo, la sostenibilidad de nuestra manera de producir, consumir y vivir, la distribución del ingreso, la riqueza y los tiempos, la igualdad de género y la democracia. Estas son las coordenadas sobre las que Podemos ha elaborado su programa económico y que inspiran todas y cada una de las medidas que aparecen en el mismo.

Hay recursos para llevarlo a cabo, los que surgirán de una estructura fiscal más progresiva, de una resuelta lucha contra el fraude, de la reestructuración de la deuda y de la reactivación de la actividad económica. Pero, como siempre, la clave para hacer una política económica que ponga las bases de otra economía está en que en los círculos y, más allá, en todos los rincones de la sociedad, tome la palabra y se movilice una ciudadanía comprometida, exigente, activa y politizada.