Cercado por las movilizaciones cada vez más numerosas de quienes sufren en carne propia su política económica y social, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha tenido la ocurrencia de pedir una regulación restrictiva del derecho de huelga. Cuando las protestas no les gustan, los dirigentes del PP siempre reaccionan igual: hace apenas un par de meses, la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, también reclamó medios legales para evitar la proliferación de manifestaciones por el centro de Madrid. Como si, limitando el derecho de huelga o impidiendo que la gente exteriorice en la calle su descontento, se pudiera cambiar el estado de ánimo de un país crecientemente disconforme con el injusto reparto de los sacrificios derivados de la crisis.

Ese reparto, además, no es un imperativo económico, sino la consecuencia natural de las políticas neoliberales que tanto gustan a una numerosa facción del PP, acaudillada desde tiempos inmemoriales por la inefable Esperanza Aguirre. Su gran objetivo ha sido siempre desmantelar el sector público, cediendo terreno a la iniciativa privada, sin importante que se resientan por ello la igualdad y la solidaridad, los dos grandes pilares sobre los que se han asentado en los últimos años la paz y la prosperidad de España. Para alcanzar sus propósitos, a algunos gobernantes del PP no les ha arredrado el abierto rechazo de amplias capas de la sociedad, que ven en peligro el Estado del bienestar construido, desde la llegada de la democracia, con el esfuerzo de todos.

Uno de los escenarios donde se está librando ese pulso entre los defensores de lo público y sus enemigos declarados es el Servicio Madrileño de Salud, que Esperanza Aguirre tenía en el punto de mira e Ignacio González quiere ahora rematar. El gobierno regional ha presupuestado para 2013 la privatización de otros seis hospitales y de 27 áreas de salud, que pasarían a ser gestionadas por particulares a quienes, como es de suponer, no les anima otra idea que hacer de la salud un negocio. No ha encontrado el PP ni un solo apoyo político para su plan, que en cambio tiene en pie de guerra desde hace un mes a médicos, enfermeros y usuarios de toda la comunidad, pese a los continuos insultos que reciben desde la derecha.

El pretexto para esta privatización es que permitirá ahorrar a las arcas regionales una elevada suma de dinero, sobre la que los miembros del gobierno de Ignacio González ni siquiera se ponen de acuerdo, pues unos hablan de 500 millones de euros y otros de 200. Tan poco claras deben de tener las supuestas ventajas reales de su decisión que la Consejería de Sanidad, a día de hoy, todavía no se ha dignado facilitar algún informe creíble que las acredite y cuantifique, aunque sólo fuera para tapar la boca a quienes las ponen en entredicho con sus protestas. Por lo que se ve, los defensores de esa y otras privatizaciones pretenden que los ciudadanos hagamos un acto de fe y creamos que lo público es malo por definición y está mal gestionado y que, por lo tanto, no merece la pena salvarlo.

Para llevarnos a esa convicción, se han propuesto perversamente dejar como unos auténticos zorros la sanidad, la educación y cuantos servicios públicos sean necesarios, asfixiándolos económicamente so capa de que hay que recortar el gasto. Una estrategia, por cierto, que no es exclusiva de los liberales españoles, sino que ha hecho fortuna en los países más vulnerables de la Unión Europea, auspiciada por el capitalismo alemán y su gran aliada, Angela Merkel.