Vicenç Navarro

Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University

En España hay clases sociales. Y es imposible entender qué ocurre en España sin entender el enorme dominio que la burguesía, pequeña burguesía y clases medias profesionales de renta alta han tenido y continúan teniendo sobre los aparatos del Estado, influencia que está alcanzando su máxima expresión durante el gobierno Rajoy, el gobierno que España ha tenido durante el periodo democrático que ha sido más sensible a los intereses de estas clases sociales.

Esta enorme influencia explica muchas realidades, tales como la pobreza del Estado del Bienestar (España tiene uno de los gastos públicos sociales por habitante más bajos de la UE-15, el grupo de países, dentro de la Unión Europea, de semejante desarrollo económico), su escasa capacidad redistributiva (de nuevo, el Estado español es de los menos redistributivos en la UE-15), su escasa progresividad fiscal (mientras que los trabajadores de la manufactura pagan impuestos -en porcentaje sobre su sueldo-, en cantidades semejantes a sus homólogos en la UE-15, el 1% de la población que deriva sus ingresos de la propiedad de capital paga sólo un 10% de lo que pagan sus homólogos en el promedio de los países de la UE-15). Todo ello explica la gran pobreza de los servicios públicos del Estado del Bienestar, tales como la educación. El Estado español gastó en educación en 2010 solo un 4,2% de su PIB, mucho más bajo que el promedio de la UE-15 (5,2 %), y mucho, mucho más bajo que Suecia (7%), uno de los países de la UE donde la clase trabajadora y las clases medias de renta media y baja tienen mayor influencia sobre el Estado. El gasto educativo por alumno (en todas las categorías de estudios) en España es de los más bajos de la UE-15.

Las consecuencias de esta pobreza del gasto educativo son muchas. Y la más llamativa es la polarización, por clase social, del sistema educativo. Desde las escuelas de infancia (mal llamadas guarderías) hasta la enseñanza primaria y secundaria, las clases pudientes llevan a sus hijos a las escuelas privadas (cuyo gasto por alumno es más elevado que las públicas, con un subsidio público muy importante, llamado concierto), y las clases populares (las clases medias de renta media y baja y la clase trabajadora) envían a sus hijos a la escuela pública. Muchas de las privadas están gestionadas por la Iglesia católica, que institucionalmente ha sido siempre cercana a los intereses de las clases más pudientes.

Durante la mayoría del periodo democrático, el número de horas lectivas en la enseñanza era mayor en las escuelas europeas que las escuelas públicas españolas. Así, en las escuelas secundarias, las horas lectivas eran de 559 horas al año en las públicas españolas, comparado con 678 horas en el promedio de las escuelas de la UE-15. Sumando el déficit anual, el estudiante español iba a la escuela secundaria un año menos que el estudiante europeo. No por casualidad, el conocimiento en comprensión de lectura, de matemáticas y de lenguas de un graduado español de la escuela secundaria era semejante al de un estudiante europeo de un año menos (Datos de PISA, 2003). Tal diferencial de conocimientos no ha disminuido. En realidad, ha aumentado (PISA, 2012). Y lo que es también interesante subrayar es que los estudiantes de la privada tampoco están mejor que el promedio de los estudiantes de la escuela pública europea (de la UE-15). En realidad, están peor.

La evidencia empírica es clara y contundente para todo aquel que lo quiera ver. Los sistemas educativos polarizados por clase social, con una dicotomía pública-privada, son peores en su calidad educativa que los sistemas públicos mayoritarios. En España, el 34% de los estudiantes van a la privada, y el 66% a la pública. En comparación, en Suecia y Finlandia (esta última es considerada la mejor de Europa) la distribución de porcentajes es 7% versus 93% respectivamente. Esta es una de las mayores causas de la baja calidad educativa en España, resultado del enorme poder de las clases más pudientes (burguesía, pequeña burguesía y clase media profesional de renta alta) sobre el Estado a través de sus instrumentos políticos (los partidos conservadores y liberales) y mediáticos (la gran mayoría de medios de información, tanto públicos como privados), que en su egoísmo —defensa a ultranza de sus intereses inmediatos— están dañando al país, y también, paradójicamente, a la educación de sus hijos, aun cuando consiguen lo que más quieren, es decir, mantener la distancia social (creando ciudadanos de primera —sus hijos— y de segunda —todos los demás—) reproduciendo las desigualdades dentro de la ciudadanía, manteniendo sus privilegios.

Representa, por cierto, una gran incoherencia que esas fuerzas conservadoras y liberales, y sus partidos políticos, como el PP, que se presentan como las “fuerzas patrióticas”, que constantemente hablan de patria o nación enarbolando la bandera, apliquen a la vez políticas públicas, en educación, que descohesiona tal patria. En realidad, la defensa de sus intereses a través de las políticas públicas del gobierno Rajoy daña a la mayoría de la ciudadanía, mostrando que pese a su discurso y narrativa, son profundamente anti-patriotas, pues el elemento clave de la patria –el término que utilizan ellos-, es su población. Y la mayoría queda dañada por esas políticas. De ahí que debiera ser una tarea a realizar por las fuerzas progresistas desenmascarar la utilización tan abusiva y oportunista de los “superpatriotas” de las banderas, pues en realidad están defendiendo sus intereses de clase. Su visión de España es una visión clasista que daña a la España real. Cada uno de los elementos de la reforma Wert favorece a su visión clasista, en contra de la España real, la España social y la España plurinacional. Es una reforma reaccionaria que dañará a las clases populares —la mayoría de la ciudadanía en España—.