ÓSCAR CELADOR ANGÓN

De nuevo suenan tambores de guerra en la educación. Cuando todavía no se han acallado los ecos de la sentencia del Tribunal Supremo (TS) contraria al reconocimiento del derecho a objetar a la Educación para la Ciudadanía, la patronal de centros concertados ha anunciado que recurrirá a los tribunales si las administraciones autonómicas retiran los conciertos económicos a los centros que sólo escolarizan a alumnos del mismo sexo, tal y como acaba de hacer la Consejería de Educación de Cantabria.

La Ley Orgánica de Educación intentó romper con la dinámica de que los alumnos de origen inmigrante y españoles con menores niveles de renta fueran escolarizados casi exclusivamente en la escuela pública. Para ello, la LOE prohibió cualquier discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición personal o social en la escolarización de los alumnos que asisten a centros financiados por el Estado. El TS ha interpretado la LOE dejando en manos de las administraciones educativas la decisión de financiar a las escuelas privadas que no opten por la enseñanza mixta.

Los defensores de la educación segregada por razón de sexo justifican su posición en que este modelo favorece la mejora del aprendizaje, ya que atiende a las especificidades cognitivas y de madurez que diferencian a los hombres y a las mujeres, mientras que la educación conjunta distrae a los alumnos en el proceso de aprendizaje a partir de la pubertad. Se trata de argumentos muy peligrosos, ya que también servirían para justificar la educación segregada de cualquier colectivo, y son muy similares a los que esgrimieron en los años 60 los partidarios de educar de forma separada a los alumnos blancos y negros en algunos estados estadounidenses.

El principal problema que presenta la educación segregada no es su filosofía escolar, sino el hecho de que esta se promocione con dinero público. Los padres tienen derecho a elegir el colegio en el que quieren escolarizar a sus hijos de acuerdo con sus creencias, pero, como ha reiterado en diversas ocasiones el TS, esto no quiere decir que los poderes públicos tengan la obligación de subvencionar esa elección.

Existen argumentos tan numerosos como poderosos para justificar la educación mixta. La educación en la igualdad de género debe comenzar en la escuela, pues no existe mejor mecanismo para conseguir la plena equiparación entre hombres y mujeres que el hecho de que estos se eduquen juntos y aprendan a relacionarse. La segregación de los alumnos por razón de sexo puede suponer que estos reciban una educación soportada en contenidos y valores diferentes que, en algunos casos, perpetúen tanto los prejuicios y comportamientos sexistas como los roles y estereotipos tradicionales de los que tanto les ha costado liberarse a las mujeres.

El sistema educativo es un servicio público que tiene por objeto preparar a sus usuarios para su plena integración en la sociedad y que, por lo tanto, debe reflejar la realidad de una sociedad en la que los hombres y mujeres están llamados a convivir y a respetarse mutuamente.

Óscar Celador Angón es Profesor de Derecho Eclesiástico del Estado