Ni eléctricas ni Gobierno: esto lo paga el consumidor

La guerra abierta entre el sector eléctrico y el Gobierno a propósito del déficit de tarifa se va a traducir en una nueva subida del recibo de la luz, de la que el PP tuvo ayer el desparpajo de echar la culpa a Zapatero. A partir de enero, los consumidores vamos a pagar un 11% más por ese servicio básico, cuyo precio en España es ya el mayor de toda la Unión Europea, tras el fuerte encarecimiento que ha experimentado durante los últimos años.

El Ministerio de Industria se había comprometido ante las grandes eléctricas a sufragar con cargo a los Presupuestos Generales del Estado el desfase entre los ingresos y los costes reconocidos del sistema, que se estima para este año en 3.600 millones de euros. Sin embargo, Hacienda le obligó a dar marcha atrás, so pretexto de que asumirlo colocaba en grave peligro el objetivo impuesto por Bruselas de reducir el déficit público en 2013 al 6,5%.

Como consecuencia de ello, las compañías van a tener que financiar por su cuenta los 3.600 millones de euros, aunque pueden disponer de la garantía del Estado, igual que los otros más de 20.000 millones que se llevan acumulados. De todas formas, no hay que perder de vista que el déficit de tarifa siempre lo acabamos pagando los usuarios, mediante recargos que se aplican mensualmente sobre nuestro recibo de la luz; aunque, eso sí, en un plazo más largo.

Tanto el déficit de tarifa -creado cuando era vicepresidente económico Rodrigo Rato- como su fallida cobertura con cargo a los Presupuestos Generales del Estado son parches que no solucionan el problema de fondo de los precios de la electricidad en España. Unos precios que dependen, por un lado, de los intereses de un sector en el que impera el más clamoroso oligopolio y, por otro, de los caprichosos vaivenes de la política energética.

Corregir ambos factores está en manos del Gobierno, que ayer mismo, a través del Ministerio de Industria, pidió a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia que investigue el desarrollo de la última subasta de electricidad. Como si la existencia de un pernicioso componente especulativo en ese mecanismo de fijación de los precios fuera una mera sospecha y no un secreto a voces desde hace mucho tiempo.

Cuál pueda ser el resultado de la investigación es algo que está por ver, aunque -en tanto que consumidor- mis esperanzas de sacar algo en claro son nulas. Recuerden, si no, lo que acaba de ocurrir con seis grandes bancos europeos que han sido multados con sólo 1.700 millones por manipular el euríbor, a pesar de que sólo en España los hipotecados pagamos veinte veces más de esa cantidad por la subida de los intereses durante los tres años analizados.

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