Una mansión no se tiene, se posee. Para poseer una hay que ser hortera. La dignidad tampoco se tiene, se vive con ella. Para que te la quiten hay que ser pobre. ¿En qué se parecen Nicholas Cage, actor norteamericano que gana 40 millones de dólares al año, y Emiliano, inmigrante ecuatoriano que trabajaba de albañil en Madrid y conseguía unos 1.300 euros brutos al mes? En que a los dos les acaban de quitar algo: a Nicholas, su vulgaridad, a Emiliano, su dignidad. La Hacienda de su país ha embargado dos mansiones a Cage en Nueva Orleans por impago de impuestos. El banco ha hecho lo mismo con el piso de Emiliano en Madrid porque no ha pagado la hipoteca. Desde ahora, Nicholas podrá alojarse en cualquiera de las demás propiedades inmobiliarias que posee, y Emiliano, conocer la indigna vida de los sin techo.

Dicen los expertos que la crisis inmobiliaria está tocando suelo, que se ve una cierta luz. Pero igual lo que empiezan a ver muchos son los fuegos del infierno. En España, a lo largo de este año, se habrán producido 115.000 ejecuciones hipotecarias –a familias y a promotores–. Son cuatro veces más que en 2007, el doble que hace un año. Y los jueces, que son quienes ejecutan los embargos, anticipan que el año que viene habrá más de 181.000 ejecuciones. Hace cinco años, los embargos por no pagar la hipoteca no llegaban a la décima parte que ahora. Incluso en un momento tan reciente como 2006, sólo se produjeron 17.622 dramas inmobiliarios. Ahora, como el embargo es la última medida que adoptan las entidades financieras con un deudor recalcitrante, con toda seguridad hay otros cientos de miles de españoles e inmigrantes en paro que están enfangados en la antepenúltima medida: renegociación de la hipoteca o mala venta de sus casas.

Además del parecido entre Cage y Emiliano, otra similitud que podemos encontrar entre Estados Unidos y España está en los planes de sus gobiernos para auxiliar hipotecados en riesgo inminente de exclusión social: ninguno es suficiente. Obama acaba de anunciar una campaña de ayuda a la gente próxima al impago para que antes de fin de año consigan renegociar sus préstamos con los bancos. Se trata de una reforma de un plan anterior lanzado en febrero (“Programa para una Vivienda Accesible”) con el objetivo de evitar las ejecuciones hipotecarias. La intención en aquel momento era ayudar a unos cuatro millones de familias reduciendo sus cuotas hipotecarias mensuales. ¿Cómo? Entre otras cosas, mediante incentivos económicos a los bancos: mil dólares anuales, durante un máximo de tres años, por cada renegociación con éxito. Y no, Cage no cumplía los requisitos necesarios para beneficiarse del soborno del Gobierno a los bancos.

Pero los resultados no han acompañado al ambicioso plan de Obama: en los meses que lleva en funcionamiento, el programa ha ayudado a 650.000 hipotecados y contando sólo hasta fin de año hay otros 375.000 en riesgo de embargo. Así que la Administración estadounidense ha decidido pasar de la zanahoria al palo y ahora serán multadas las entidades financieras que no modifiquen las condiciones que imponen a las hipotecas en peligro.

Como en Estados Unidos, en España, en marzo pasado, el Gobierno estableció líneas de financiación del ICO para que los hipotecados en paro o de renta baja pudieran conseguir –siempre que sus préstamos fueran anteriores a septiembre de 2008 y no estuvieran ya en mora– aplazamientos del 50% de sus cuotas, con un máximo de 500 euros mensuales y un tope de financiación de 12.000 euros. Y desde marzo hasta el último dato conocido, el 30 de septiembre, se habían concedido únicamente 10.265 aplazamientos, por un importe total de 66 millones de euros.

Además, nuestra legislación no es tan contemplativa como la estadounidense con quienes han perdido ya su dignidad: allí, si un hipotecado no puede pagar y el precio de la casa se ha hundido, devuelve las llaves al banco y se olvida. Se conoce como el efecto sonajero. Aquí, si la entidad financiera recupera en exceso lo que le adeudan se lo queda, pero si no lo recupera todo tras vender el piso embargado puede seguir reclamando al hipotecado si tiene constancia de que posee más bienes. Así que ojo, Emiliano, que te pueden quitar los cartones.