El Gobierno aprobó ayer la norma que limita los sueldos de los directivos de entidades financieras que reciban dinero público. Ya era hora. También han quedado establecidas algunas medidas que ponen coto a la rentabilidad de los productos de inversión cortoplacista, que están en el origen de la crisis financiera internacional más grave desde los años treinta del siglo pasado. Bienvenidas esas normas. ¿Por qué ahora y no antes? Por mucho que se insista en la obviedad de que los mercados financieros son globales y es necesaria una respuesta global a su infinita avaricia, resulta difícil comprender que estas normas (y otras que deberían añadirse en la misma línea) no fueran adoptadas mucho antes. La lentitud en la aprobación y transposición de directivas europeas o la complejidad de la economía globalizada no son consuelo para quienes están pagando desde el primer minuto la actuación incontrolada de los especuladores. Tampoco sirve de nada (incluso es contraproducente e hipócrita) la actitud de quienes critican con la misma prepotencia la tardanza en la adopción de medidas y la ejecución de las mismas. Quizás se trate de uno de los efectos inmediatos del resultado de las elecciones del 22-M. El Gobierno socialista acelera medidas contra los causantes de la crisis; el PP pone en entredicho las cuentas de los bancos y de las autonomías y apuesta por el recorte del gasto público. Asoman ya algunas esencias de la futura campaña para las generales.