Aunque Rajoy todavía no se ha enterado porque no venía en el Marca, la Audiencia de Madrid ha determinado que no sólo es legal sino propio de una democracia participativa concentrarse frente al domicilio de un responsable político y cantarle las cuarenta de manera pacífica. Y es que sin armas, sin ejercer violencia sobre las personas ni destrozar la papelera más próxima, cantar las verdades del barquero a la vicepresidenta del Gobierno o al Papa de Roma es una manifestación colectiva de la libertad de expresión, un derecho que, asombrosamente, sigue todavía vigente.

El recordatorio de la Justicia es muy conveniente porque el Gobierno y su partido creen que la única libertad de expresión posible es la que practican ellos mismos cuando dicen que “todos somos el PP” o “la segunda ya tal”. O, alternativamente, las laudatios de Marhuenda al presidente en las tertulias televisivas, que el tipo borda el panegírico, y eso que siempre hay alguien que le aplica “técnicas marxistas de Universidad” para reventarle el botafumeiro. Menos mal que su incienso es inagotable.

Queda por tanto establecido que los concentrados ante la vivienda de Sáenz de Santamaría para denunciar los desahucios y exigir la dación en pago son ciudadanos respetables y no “imitadores del matonismo de los seguidores de ETA”, “energúmenos” y “violentos acosadores”, como entendía Esperanza Aguirre. Ni directamente “etarras”, como sostenía la delegada en Madrid Cristina Cifuentes. Ni “nazis”, como proclamaba María Dolores de Cospedal o Basagoiti. Ni “fascistas”, como apuntaba el ministro del jamón de bellota, Arias Cañete. Ni siquiera “antidemocráticos”, como los definía el propio Rajoy en un alarde de elocuencia.

Tan grave como que quienes gobiernan insulten y llamen delincuentes a los que protestan en el libre ejercicio de sus derechos constitucionales es que ninguno de ellos haya pedido perdón públicamente por sus excesos verbales y su incultura democrática. Más aún, de lo que se trata ahora es de criminalizarles con una ley de Seguridad Ciudadana diseñada para que nada moleste a Rajoy cuando duerme la siesta.

Cuando menos, se echan en falta ideas audaces, como la que planteaba en el siglo pasado Álvarez del Manzano, el alcalde que llenó Madrid de estatuas de violeteras en hierro fundido y que desde hace una década se lo lleva crudo desde la presidencia del Ifema: el manifestódromo. La iniciativa decayó pero era revolucionaria. Los despedidos de la Coca-Cola, los desahuciados, los enojados con el saqueo de las arcas públicas, los preferentistas, los estudiantes, los pensionistas, los funcionarios, todos aquellos que necesitaran desahogarse serían conducidos a un lugar en las afueras para que se desgañitaran a conciencia sin molestar al tráfico rodado. Y como los tiempos avanzan una barbaridad, no harían falta ni pancartas, porque para eso se han inventado los marcadores electrónicos en los que podría leerse aquello de “No hay pan para tanto chorizo” con el patrocinio de Revilla.

Es muy subversivo que la ley no obligue a disolverse en grupos impares menores de tres a quienes protestan, una gentuza que por razones evidentes no forma parte de esa mayoría silenciosa de senos turgentes de la que el Gobierno anda perdidamente enamorado. Y para colmo, los jueces nos han salido antisistema. Nadie sabe dónde iremos a parar con esta anarquía.