Vicenç Navarro

Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra

Lo que vimos anteayer en las elecciones legislativas fue un ejemplo de lo enormemente injusta que es la Ley Electoral española, sesgada a favor del bipartidismo y a favor de las fuerzas conservadoras que jugaron un papel clave en su diseño. En un artículo reciente (“Le llaman democracia (en España, incluyendo Catalunya) pero no lo es”, Público, 23.11.2015) mostré lo profundamente sesgado que es el proceso electoral en España, que favorece sistemáticamente a las derechas en este país, discriminando claramente a favor de unos territorios y de unas clases sociales a costa de otros territorios y de otras clases sociales. Como consecuencia de ello, en todas las elecciones generales durante el periodo democrático desde 1977 a 2008, la suma de los votos a partidos de izquierdas ha sido muy superior a la suma de los votos a partidos de derechas (excepto en 1977, en 1979 y en 2000, debido este último, en parte, al gran aumento de la abstención). Señalé en aquel artículo que la ventaja de los votos de izquierda sobre los votos de derecha fue de más de dos millones y medio en 1982, de casi dos millones y medio en 1986, de menos de dos millones en 1989 y en 1992, de más de un millón en 1996, de menos de dos millones en 2004, y de casi un millón y medio en 2008. A pesar de ello, las izquierdas han gobernado con mayoría parlamentaria solo durante el periodo de 1982 a 1993 y el periodo de 2004 a 2008.

Una situación idéntica ocurrió en las elecciones legislativas de anteayer. Sumando todos los votos de los partidos de izquierdas (PSOE, Podemos y sus aliados, IU-UP, ERC y Bildu) obtendrían casi un millón de votos más que la suma de los de los partidos de derechas (PP, Ciudadanos, Democràcia i Llibertat y PNV). En realidad, si España tuviera una Ley Electoral proporcional, es decir, que la asignación de escaños fuera proporcional al número de votos, hoy las izquierdas alcanzarían casi la mayoría absoluta. Es más, si Podemos hubiera ido en coalición con IU-UP (como lo hizo en Catalunya y en Galicia), tal coalición habría sido (en un sistema proporcional) la segunda (en lugar de la tercera) opción política más votada, con un número de escaños mucho más cercado al PP, reforzando a las izquierdas considerablemente. En cambio, en el sistema actual (y tal como los fundadores de la Ley Electoral lo diseñaron), las derechas estarán claramente sobrerrepresentadas en las Cortes Españolas, continuando con el sesgo conservador del Estado español, que contrasta con el carácter progresista de su población y que explica su creciente rechazo hacia él. El eslogan del 15-N “no nos representan” continúa todavía aplicable a estas Cortes en las que, como siempre, las derechas están sobrerrepresentadas. El enorme subdesarrollo social del Estado español y su carácter uninacional, poco sensible a la plurinacionalidad de este país, están basados en este hecho. He escrito extensamente sobre estos puntos en mis libros Bienestar Insuficiente, Democracia incompleta. De lo que no se habla en nuestro país, Anagrama 2002, y en El Subdesarrollo Social de España. Causas y consecuencias, Anagrama 2006.

El origen histórico de este sesgo tiene poco que ver con la Ley d’Hondt. Tiene que ver con la Transición inmodélica

Como he indicado repetidamente, el origen de este sesgo de la Ley Electoral se basa en la manera tan desequilibrada y poco modélica en que se hizo la Transición. El enorme poder de las derechas en aquel proceso de Transición, (que dominaban el aparato del Estado y la mayoría de los medios de información y persuasión) fue el origen de aquella Ley muy poco proporcional. En realidad, el primer borrador de tal Ley, dando enorme protagonismo a las provincias, fue redactado por el movimiento fascista –el Movimiento Nacional- y su aprobación por el gobierno español pre-democrático fue la condición exigida por tal movimiento para su disolución. El gobierno Suárez recogió tal propuesta y la hizo suya con el objetivo –tal como reconocieron y escribieron los Sres. Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y Leopoldo Calvo Sotelo- de discriminar a la clase trabajadora, base electoral del temido Partido Comunista. El PSOE se adaptó a esta Ley, viendo que, al favorecer al bipartidismo le beneficiaba a él también, aunque en menor grado que al PP. En Catalunya, cuando el President Pujol consiguió el derecho a desarrollar su propia Ley Electoral, no la cambió ni un ápice, pues también favorecía a las zonas conservadoras sobre las progresistas, siendo una de las causas de su largo mandato.

De ahí que el cambio de la Ley Electoral sea uno de los elementos a los que más se resistan los que se han beneficiado de la escasa representatividad del sistema definido como “democrático español”. España habría estado gobernada más a la izquierda por partidos o coaliciones de partidos si España hubiera tenido un sistema proporcional. Como he indicado en otro artículo reciente (“Franco ganó la guerra, la postguerra y la transición”, Público, 26.11.2015) Franco dejó bien atado el sistema, y las consecuencias todavía se sienten hoy, resultado de que no hubo una ruptura si no una adaptación del estado dictatorial al estado actual, sin cambiar el enorme dominio de las fuerzas conservadoras en él. Así de claro.