La desaparición de la causa sobre el borrado de los ordenadores del Partido Popular no es un suceso, sino una redundancia. Limpio sobre limpio. Borradas las pruebas, borrado el sumario. España es una enorme cabeza borradora y Arnold Schwarzenegger en su papel de “Eraser”, aquella vieja película del 96, merecería gobernarnos. No solo nos han eliminado la memoria histórica sino los recuerdos recientes.

Borrado empieza con B. Como Bárcenas. Como la caja B de la calle Génova, la sede central del PP que, como en el caso Gurtel, viene a ser como el tonto del timo de la estampita: nunca se entera, al igual que Ana Mato, pero termina lucrándose del pufo y en el juego de la oca de la política patria se libra del calabozo sin volver siquiera al casillero de salida.

Sería de chiste, si no fuera urgente y dramático. El Juzgado de Instrucción número 32 de los de Madrid, todo un plusmarquista a la hora de instruir sumarios, anunció esta semana que había desaparecido toda la documentación concerniente a la denuncia contra el partido gobernante por aquel célebre borrado de sus archivos informáticos, en octubre de 2013. Los denunciantes, entre quienes figuraba Izquierda Unida, la Asociación Libre de Abogados o Ecologistas en Acción, consideraban que dicha formación liberal-conservadora habría procedido a la “destrucción u ocultación de pruebas” concernientes a dicho escándalo.

Este sumario viene protagonizando, desde entonces, un insólito baile de la escoba. Nadie está cómodo con él en sus archivos y se pasan la pelota sin tirar a puerta. El juzgado madrileño, de hecho, asumió la tutela del caso después de que el Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional considerara que no era de su competencia. Eso sí, dicha instancia superior aceptaba que “la manipulación” de los datos contenidos en los dispositivos podía constituir un delito de encubrimiento o de daños informáticos. La juez del 32 decidió archivar provisionalmente el asunto por otro albur del procedimiento judicial. No habría daños, al entender que los ordenadores cuyo disco duro se borró pertenecían al propio PP aunque los usase su antiguo tesorero incluso en aquellos tiempos felices cuando cobraba su célebre indemnización en diferido. Tampoco, a su juicio y el de la fiscalía, cabía hablar de encubrimiento, dado que la Audiencia Nacional, ni entonces ni aún ahora, había condenado a Bárcenas: Y para que haya encubrimiento, según Pero Grullo, tiene que estar probado el delito.

Hace unos días, tras año y medio de hibernación, la perplejidad de un representante legal de UpyD que también ejerce otra acusación particular, destapó el nada por aquí, nada por allá. Abracadabra, narices de cabra, la opinión pública se entera del extravío de dos cajas con los documentos oficiales de la denuncia: unos mil folios que no habían llegado a su destino en marzo de 2014. Desde el juzgado, una funcionaria asegura que los remitió a la Audiencia Provincial y allí no les consta. Lo mismo El Dioni robó el furgón blindado donde viajarían los papeles perdidos. ¿Nadie se dio cuenta de que faltaban, a lo largo de todo un año?

En lo que el viento se llevó figuraban informes diversos, entre ellos el de la Comisaría General de Policía Científica, las actas de clonado de los discos duros de Bárcenas, o la contabilidad del PP entre 2000 y 2011. El rompecabezas ha tenido que ser reconstruido con las copias de las providencias y notificaciones que obraban en poder de las acusaciones particulares. No había nada más dentro de las cajas, así que la reconstrucción ha sido relativamente fácil. No se había dado un paso más, ni una sola diligencia ni practicado prueba alguna en diez meses. La mitad del archivo desaparecido era humo, como casi todo en este asunto que recuerda a una de esas impecable novelas de Andrea Camilleri en la que nos describe los lazos de la mafia y la justicia italiana, sin perder una necesaria mueca de sonrisa.

Ni siquiera se dedujo testimonio de Carmen Navarro, actual responsable de la Gerencia y de la Tesorería del PP . No era nada personal: sencillamente, los denunciantes señalaron al PP en relación al borrado de los discos duros y las agendas personales de sus extesoreros, Alvaro Lapuerta y Miguel Bárcenas. Sin embargo, no se podía acusar directamente a una persona jurídica, así que prefirieron hacerlo en la persona de quien seguía la estela de sus predecesores.

Al PP se le imputaba directamente la comisión de un delito relacionado con el artículo 264 del Código Penal, que impone penas de prisión de seis meses a dos años a quien sin autorización borre, dañe o haga “inaccesible” datos, programas informáticos o documentos electrónicos ajenos. Algo habitual y rutinario, según los denunciados. Incluyendo la destrucción del registro de visitas donde se podrían haber comprobado los contactos entre quienes entregaban y recibían los supuestos sobres de este pintoresco asunto.

No es la primera vez que en territorio español se produce un escándalo de estas dimensiones. Se han practicado robos en juzgados, en depósitos de pruebas y en donde fuera pertinente, con tal de dificultar las investigaciones o con el propósito de anular un sumario. Guardamos un largo pedigrí de desapariciones judiciales, desde el crimen de los Urquijo al caso de Juan Guerra o el hurto sufrido por Baltasar Garzón cuando le robaron unas notas referidas al traficante de armas Monzer al Kassar. Se recuerdan episodios chuscos como el de quienes llegaron a esconderse en un armario del Supremo, en pleno mes de agosto, para intentar robar el sumario del caso Ruiz Mateos. Sin embargo, también ocurrieron tragedias, como cuando en octubre de 2000, el agente judicial Francisco Calero se suicidó al arrojarse al vacío desde su casa de Marbella, cuando se practicaba un registro relacionado con el robo de sumarios relacionados con las tramas de corrupción de Jesús Gil.

Frente a todo ello, que por supuesto llega también al Caso Palma Arena, las autoridades competentes hablan de la necesidad de digitalizar los juzgados. Buena solución, sin duda. Pero, ¿no sería entonces mucho más fácil mantener la españolísima tradición de borrar sus discos duros? Ojalá supiéramos borrar esas prácticas truhanas antes de que ellas nos borren a nosotros.