Por más que me esfuerce, no concibo la burda equiparación del lince y el niño. Soy defensora de los derechos de los animales y tengo especial predilección por el lince ibérico y por su más vigoroso protector, Miguel Delibes de Castro, ecologista admirable y persona ejemplar. Defiendo, además, principios compartidos por muchos ciudadanos, tales como la investigación con células madre, el uso de anticonceptivos, la despenalización del aborto, el testamento vital, la muerte digna, el matrimonio homosexual y su derecho a la adopción.

Hay que afirmar, de la manera más rotunda, que no pretendemos imponer a nadie la planificación familiar, el aborto o la eutanasia, pero en una sociedad democrática es imprescindible dotar a estos asuntos de un marco jurídico para que se respete la libre voluntad de quienes se ven obligados a tomar decisiones sumamente trascendentales en su vida. Se trata de legislar con toda clase de precauciones para evitar un dolor añadido a quienes se ven obligados a pasar por tan penoso trance.

Para una mujer es siempre doloroso someterse a una interrupción de su embarazo, lo mismo que para un enfermo desahuciado rechazar el encarnizamiento terapéutico. No hay soluciones infalibles, pero añadir al sufrimiento sanciones legales o penas de cárcel supone una falta de humanidad, sensibilidad y compasión. Estas difíciles circunstancias tienen demasiada entidad para dejarlas en manos de los manipuladores de conciencias. Una católica que aborta puede sentirse pecadora, pero no debe ser juzgada como una delincuente.