El eterno Constitucional

En poco más de dos meses, ocho de los doce magistrados que componen el Tribunal Constitucional habrán visto caducados sus mandatos. Una de esas sillas está vacía desde la muerte de su titular en mayo de 2008 y otras cuatro deberían haber cambiado de ocupante ya en 2007. Dictada pese a todo la sentencia sobre el Estatut en junio pasado, cabía pensar que PSOE y PP alcanzarían rápidamente un acuerdo para la renovación. Sin embargo, las dilaciones que se vienen produciendo desde entonces indican que en el PP triunfan las posiciones más ultras, las de aquellos que bloquean permanentemente el cumplimiento de la misma Constitución con la que atizan a quien discrepe de su carácter supuestamente sagrado e inamovible. No hay constitucionalista (ni matemático) que discuta el significado del artículo 159 de la Carta Magna: los miembros del alto tribunal deben ser designados “por un periodo de nueve años” y renovados “por terceras partes cada tres”. Es obvia la rentabilidad política que el PP viene sacando a su cuota de influencia en el Constitucional, que no se corresponde con las mayorías parlamentarias. Lo que no consigue en el Parlamento lo intenta en los tribunales. Ocurrió con el Estatut y puede ocurrir con la Ley del Aborto. El PSOE proclama de cuando en cuando su indignación, pero no se atreve a defender una reforma de la Ley Orgánica del Constitucional que evite en el futuro una situación tan surrealista como antidemocrática.