Cuarenta años después de que el economista estadounidense James Tobin propusiera la adopción de un impuesto a las transacciones comerciales internacionales, la Comisión Europea ha dado luz verde a la creación de un impuesto en esa línea, adaptado a la actual realidad económica, que gravaría en un 0,01% las operaciones de derivados y en un 0,1% las de bonos y acciones que se realicen en los 27 países de la UE. Según explicó ayer el presidente de la Comisión, Durão Barroso, el objetivo es que la tasa entre en vigor en 2014 y permita recaudar unos 57.000 millones de euros al año. Los porcentajes citados evidencian por sí mismos la timidez de la iniciativa, máxime si se le compara con los 4,6 billones de euros que los ciudadanos europeos han inyectado al sistema financiero en la presente crisis. Y esta aún por ver si la medida prospera, ya que la paquidérmica maquinaria decisoria de la Unión exige que toda modificación en la fiscalidad europea debe ser aprobada por unanimidad por todos los estados miembros, y ya el Gobierno británico ha expresado su oposición al impuesto. De momento, el aspecto quizá más positivo del anuncio de Durão Barroso es que la UE comience a hablar de algo más que recortes para salir de la crisis, después de hacer recaer durante tres años la carga sobre los ciudadanos de a pie. Y si finalmente se introduce el impuesto, será, sin duda, una buena noticia por mucho que se le pueda criticar justificadamente por tardía e insuficiente. Tal como lo vislumbró Tobin hace cuatro décadas, el camino de la fiscalidad en un mundo globalizado y una economía financiarizada no puede eximir de tributos a las transacciones de los grandes capitales.