Carlos Barra

Médico especialista del Sistema Nacional de Salud y miembro de DMD

El Pleno del Congreso de los Diputados del pasado día 21 rechazó pasara a Comisión una proposición de ley orgánica sobre eutanasia presentada por el grupo parlamentario de Unidos-Podemos-En Comú Podem-En Marea, impidiendo así que el texto pudiera ser debatido, enmendado e incluso mejorado.

Impedir este debate supone una vez más que, donde se dice que radica la soberanía popular, se hurte un debate sobre una cuestión trascendente en la que una amplia mayoría social ha manifestado, de forma reiterada, una opinión favorable al mismo y su regulación por ley. Sin duda alguna, el Congreso de los Diputados tomó una decisión opuesta al sentir mayoritario de nuestra sociedad.

Por primera vez en nuestra historia democrática una proposición de ley de esta naturaleza se presentaba por un grupo parlamentario potente que representa 1/5 del número total de diputados y cinco millones de votos; las anteriores proposiciones similares habían sido presentadas por Izquierda Unida, que contaba con un número reducido de parlamentarios. Dado que el apoyo inicial a la proposición de ley no era exiguo, parece razonable analizar el posicionamiento político adoptado por aquellos grupos que con su voto podían favorecer o impedir su toma en consideración. En la composición actual del Congreso estos grupos son el Grupo Popular y el Socialista.

No es necesario hacer una exposición exhaustiva de las numerosas encuestas realizadas por entidades de enorme prestigio y solvencia (CIS, Metroscopia, Ipsos Mori…) preguntando la opinión de la ciudadanía al respecto; en todas ellas, de manera muy mayoritaria (75-84%), los españoles se han mostrado partidarios de despenalizar la eutanasia y el suicidio asistido promulgando una ley que lo autorice en determinadas condiciones y con todas las garantías que exige el Estado de Derecho. Son estudios sobradamente conocidos que no permiten, por tanto, que ninguno de los diputados alegue ignorancia, y que evidencian que existe un amplio consenso social en esta materia.

El grupo parlamentario Popular, como era de esperar, votó en contra de la proposición de ley en coherencia con su ideario político; los derechos civiles y su pleno ejercicio en libertad no son asuntos que figuren como prioritarios en la acción política de esta formación. Su ADN fundacional le ha llevado una y otra vez a posicionarse en contra de reconocer nuevos derechos (aborto, matrimonio homosexual, ahora eutanasia) y al unísono tratar de recortar y dificultar el ejercicio de los ya conseguidos (la ley mordaza es buen ejemplo de ello); las apelaciones altisonantes que con frecuencia realizan sus dirigentes a la libertad, el derecho a la vida o a la dignidad de las personas suenan más a un uso interesado de los conceptos que a una firme convicción de defenderlos. Con este Partido Popular será extremadamente difícil consensuar procesos de profundización democrática que supongan más derechos de ciudadanía.

Más extraña, decepcionante e inexplicable fue la posición adoptada por el grupo socialista, que tenía la llave para permitir que al menos se debatiese en sede parlamentaria un asunto de tanta trascendencia y que cuenta con un amplio respaldo social; su vergonzante abstención era en realidad un voto de veto a la proposición de ley presentada y a ese respecto hace falta exponer una serie de consideraciones:

La exposición del diputado socialista Cámara Villar tuvo un marcado carácter inmovilista; enumerando una realidad conocida (pocos países tienen leyes que despenalizan la eutanasia y el suicidio asistido) el diputado parece encontrar en ella razones para no afrontar en nuestro país un proceso despenalizador. En este sentido, podríamos recordar cuantos países tenían legalizado el matrimonio homosexual cuando el gobierno Zapatero llevó al Congreso el texto que posteriormente se aprobó y que colocó a nuestro país como referente en derechos civiles. Eran pocos, pero en aquella ocasión el PSOE se alineó con el sentir mayoritario de la ciudadanía. Sin embargo, ahora ha tomado una posición inmovilista utilizando argumentos que lo acercan más a las posiciones defendidas por grupos confesionales que a las defendidas por la mayoría social.

Desde el punto de vista político, la decisión tomada por el grupo socialista del Congreso es incongruente ya que varios parlamentos autonómicos han aprobado con el voto de los socialistas resoluciones instando al Congreso inicie el proceso legislativo para despenalizar la eutanasia y el suicidio asistido; incluso, en el Parlamento Vasco, esa acción se llevó a cabo promovida por diputados de este grupo.

La decisión que tomó el grupo socialista, además, es contraria a lo que opinan el 91% de sus votantes y un porcentaje importante de sus militantes. La dirección socialista ya sabe como se pierde credibilidad y confianza cuando se toman decisiones políticas que chocan con lo que sus votantes esperan (mayo del 2010 es significativo al respecto). La decisión tomada en el Pleno del Congreso no ayuda a recuperar la credibilidad perdida. La ambigüedad hoy no es ya un valor en alza.

En nuestro país muchas personas siguen muriendo mal, en condiciones que atentan contra su dignidad y pidiendo ayuda para poner fin a una vida que les resulta insufrible e insoportable. Las diferentes leyes autonómicas promulgadas, coloquialmente llamadas de 'muerte digna', han demostrado que no sirven para evitar esas situaciones que nos conmueven cuando aparecen en los medios de comunicación. Por eso es difícil de entender que el PSOE, partido de larga historia de defensa de derechos y libertades, haya secuestrado con su abstención la posibilidad de debatir en la sede de la soberanía popular una proposición de ley de un tema tan trascendente.