Carlos Barra

Médico del Sistema Nacional de Salud y miembro de DMD

El pasado 21 de marzo, el pleno del Congreso de los Diputados rechazó por mayoría que pudiese debatirse la proposición de ley orgánica sobre la eutanasia presentada por Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. La negativa, tratándose de un tema que concita un amplísimo apoyo social, fue un secuestro en toda regla de un debate necesario hoy en nuestro país; así lo manifesté en un artículo reciente, indicando qué grupos parlamentarios han tenido más responsabilidad.

El grupo parlamentario popular votó en contra, de acuerdo con su ADN fundacional, poco propenso a reconocer nuevos derechos y proclive a restringir los ya existentes. El grupo socialista adoptó una postura inmovilista y permitió, con su vergonzante abstención, que la proposición de ley no prosperase.

Indicaba también en aquel artículo que las llamadas leyes de muerte digna ya vigentes en nueve autonomías y las proposiciones presentadas por PSOE y C´s en el Congreso no servían para evitar situaciones que, una vez conocidas, conmueven al tejido social.

El día de la votación, la Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) convocó una concentración ante el Congreso de los Diputados para reclamar a los representantes de la soberanía popular que permitiesen el debate de la proposición de ley sobre la eutanasia; a esa concentración acudió en su silla de ruedas José Antonio Arrabal, socio de DMD y enfermo de ELA, que ya entonces había manifestado varias veces su deseo de poner fin a una vida que le resultaba insufrible.

Sólo doce días después del rechazo del Congreso de los Diputados, José Antonio Arrabal puso fin a su vida. Se vio obligado a suicidarse en soledad. Para dar testimonio de la inhumanidad que ello supone, grabó en un video sus últimos momentos. Sus palabras han tenido una inmensa repercusión mediática y estoy seguro de que han conmovido a muchos ciudadanos.

El testimonio valiente, honesto y coherente de José Antonio me provoca muchas preguntas. ¿Qué motivos pueden justificar que se prive a una persona del derecho a decidir sobre su propia vida cuando ésta le resulta insoportable y le ocasiona un enorme sufrimiento? ¿Qué impide que los representantes elegidos por los ciudadanos puedan debatir sobre asuntos de tanta trascendencia y compartidos por una amplia mayoría social? ¿Por qué algunos representantes de los ciudadanos tienen tantos recelos a la hora de ampliar derechos y libertades, si ello es consustancial a la democracia? ¿Cuántos casos como los de José Antonio son necesarios para que en nuestro país se pueda ejercer la autonomía personal en libertad y de manera plena? ¿Serán capaces los diputados que impidieron este debate de mirarse en el espejo sin sentir vergüenza?

Señores diputados, los errores –especialmente los más graves– deben subsanarse. Es posible volver a presentar en esta legislatura una proposición de ley de eutanasia, y es perfectamente compatible con aprobar otra norma que garantice con carácter universal las prestaciones que impulsan las leyes de muerte digna. En Luxemburgo se aprobaron al unísono y en España también podría hacerse.

Señores diputados: no actúen contra la voluntad mayoritaria de la sociedad. Ninguna sanción penal, por grave que sea, puede borrar esta realidad social. El derecho a la libre disponibilidad de la propia vida ya está asumido, y se evitarán graves sufrimientos innecesarios si aceptan que hace falta legislar de manera acorde. No existe ningún impedimento. Sólo es cuestión de voluntad política porque con la actual composición del Congreso habría apoyo suficiente.