Ciertamente, el nivel de radiactividad del agua de Fukushima que se está arrojando al Pacífico no supone un riesgo inmediato para el entorno. Sin duda, la radiación desprendida por los reactores destruidos en sucesivas explosiones e incendios, no presenta todavía una amenaza directa para los residentes más allá del radio de exclusión de 30 kilómetros en torno a la central. Claro está, las minúsculas concentraciones de partículas radiactivas que se han repartido ya por todo el planeta son tan insignificantes que su impacto sobre nuestra salud será nulo.

Ahora bien, la afición de las autoridades y los ejecutivos de la industria nuclear por minimizar las causas y los efectos de los “incidentes” atómicos raya en el delito. Tras el fallo masivo del sistema de refrigeración por la destrucción de los generadores de emergencia, tanto la Tepco como el OIEA sostuvieron que la avería sería controlada sin fugas importantes y que el accidente era imprevisible por la magnitud del seísmo y su tsunami.

Ayer, 18 días después de la catástrofe y con cuatro reactores fuera de control, el director del OIEA por fin admitió: “Está claro que lo que hicimos nosotros, los estados miembros y las empresas nucleares [para garantizar la seguridad] no fue suficiente”. Poco antes, el Gobierno de Tokio reconocía su impotencia ante un escape radiactivo que tendrá “un enorme impacto en el océano” si no se frena pronto. Y el portavoz de la Tepco se puso a llorar cuando pidió perdón a la región y sus habitantes.

Lo peor es que no sabemos cuáles serán las consecuencias de este desastre. Pero casi tan malo es que los padrinos políticos de la industria atómica sigan vendiéndonos certezas de las que carecen.