Las falsedades de la reforma municipal

M. Emilio García

Miembro de EconoNuestra

El anteproyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad local informado por el Consejo de Ministros, que pretende conseguir una reducción del gasto público en el ámbito municipal para el trienio 2013-2015 de 7.129 millones de euros, se ha presentado como un intento de racionalizar el sector local, eliminando duplicidades e ineficiencias entre distintas administraciones, limitando el número de cargos y asesores y sus retribuciones y persiguiendo un más riguroso control de su gestión.

La veracidad de estas loables intenciones, que casi todos podríamos compartir, queda en entredicho con la lectura del Informe del Ministerio Hacienda que acompaña al anteproyecto. Las cifras contenidas en el mismo muestran con suma claridad de donde se pretenden obtener los ahorros perseguidos: reducción de retribuciones de cargos electos y asesores 2% (145 M €), eliminación de Entidades locales menores y mancomunidades 1% (73 M €), supresión de servicios mediante “clarificación de competencias, eliminación de duplicidades y reducción del Sector público local” 97% (6.911 M €). Queda patente que las retribuciones de alcaldes, concejales y asesores no juegan otro papel que el de guinda en otro amargo pastel de recorte de los servicios públicos.

El origen de la reforma local no es distinto al de las de sanidad, educación o servicios sociales, que no es otro que el de las exigencias de la Unión Europea plasmadas en el Programa de Estabilidad del Reino de España. En la última actualización del mismo para el periodo 2013-2016 la reforma de la Administración local adquiere el máximo protagonismo, significando un tercio del ajuste total del gasto que se prevé obtener mediante reformas normativas durante el año 2014 y la mitad del previsto para 2015 (0,3 % y 0,5 % del PIB, respectivamente).

La reforma plantea limitar las competencias y servicios que pueden prestar los municipios, la prohibición de ejercer actividades distintas de las que expresamente se les atribuyan y la supresión de municipios que no alcancen un determinado umbral de población, convirtiendo a las Diputaciones Provinciales en el eje de la prestación de los servicios locales.

Es decir, se pretende suprimir los pequeños municipios (no agruparlos), que constituyen la administración más cercana y sensible a las necesidades de sus habitantes, para entregar sus competencias a las Diputaciones Provinciales, cuya elección no se realiza de forma directa por los ciudadanos y que presentan evidentes carencias democráticas. A los Ayuntamientos que queden se les cercenan competencias y, en último término, se les impide suplir con su actividad las carencias de los servicios prestados por otras administraciones.

Éste y no otro es el primer objetivo estratégico de la reforma. Impedir que los municipios, diversos y menos manejables que otras instituciones, puedan seguir jugando uno de los papeles que históricamente han venido desempeñando, el de suplir las carencias de los servicios prestados por otras administraciones.

Salvo anecdóticas excepciones (que las hay) ningún ciudadano recibe dos veces el mismo servicio. Cuando los ayuntamientos prestan servicios de ayuda a domicilio a ancianos y enfermos, cuando prestan servicios a inmigrantes, cuando sostienen la limpieza, calefacción y mantenimiento de colegios públicos o consultorios médicos rurales no están duplicando servicios. Están, simplemente, supliendo las carencias de los servicios que deberían prestar otras administraciones. Esto es, precisamente, lo que se pretende impedir. Y como efecto colateral nuevas pérdidas de puestos de trabajo.

El procedimiento previsto para la aplicación de la Ley es sumario. Los sectores de sanidad, educación y servicios sociales quedan vedados a los ayuntamientos y para el resto de los servicios: a) se fija por decreto el coste estándar de los mismos (¿Calidad y coste no son mutuamente dependientes? ¿Tiene el mismo coste prestar un servicio en el barrio de Salamanca que en un pequeño pueblo de Zamora?), b) si el coste efectivo es superior al estándar y es una competencia “impropia” se suprime el servicio, c) si el coste es superior y se trata de una competencia “mínima”, el servicio se asume por la Diputación Provincial en municipios de menos de 20.000 habitantes.

¿Y qué ocurrirá con las actividades y servicios que tendrán que dejar de prestar los ayuntamientos? La respuesta a esta pregunta nos conduce al segundo gran objetivo de la reforma: Pasarán a manos de la iniciativa privada. La exposición de motivos del anteproyecto de Ley enuncia este objetivo sin el menor pudor. Valgan a modo de ejemplo las dos siguientes “perlas”: “…las entidades locales no deben volver a asumir competencias que no les atribuye la Ley, “…se suprimen monopolios municipales heredados del pasado y que recaen sobre sectores pujantes en la actualidad”.

Sin embargo, en la estrategia de privatización de servicios públicos, este proyecto no es sino un paso más, un intento de regular institucionalmente lo que en el marco económico- financiero ya se ha hecho. La reforma “exprés” de la Constitución, de 2011 y la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de 2012, ya han situado a las Entidades locales en la más absoluta precariedad de recursos, incluso en el ámbito de sus propias competencias. La obligación de presentar equilibrio presupuestario o, lo que es lo mismo, no incurrir en déficit, en términos de contabilidad nacional, no significa otra cosa que tener que financiar el conjunto de las actividades, incluso las inversiones, sin acudir al crédito. Y si las entidades locales no pueden acudir a los mercados financieros para abordar la ejecución de infraestructuras y equipamientos ¿Quién lo podrá hacer en su lugar? ¡Campo abierto a la iniciativa privada! Y no estamos aquí hablando de medidas coyunturales. Éstas no se plasman en constituciones y leyes orgánicas.

No menos importancia tiene la desaparición política de miles de pequeños núcleos rurales y Entidades Locales Menores que pone en peligro el futuro de los bienes públicos comunales que actualmente administran. La Plataforma Rural-Alianza por un Mundo Rural Vivo estima que la enajenación de los mismos podría afectar a 3,5 millones de ha., con un valor que podría rondar los 21.000 millones de euros.

Las administraciones municipales, con todas sus ineficiencias -que solo pueden encontrar solución en el control democrático de su gestión y la agrupación voluntaria de servicios- constituyen, a pesar de todo, un eslabón básico en la cohesión territorial y han venido jugando un papel esencial en la mejora del nivel de vida de sus pueblos, ejerciendo competencias propias y supliendo las carencias de otras.

Lo que está en juego es el nivel de la calidad de los servicios públicos más cotidianos, nuestra capacidad de decidir sobre los mismos y, sobre todo, el precio que tendremos que pagar por ellos. La calidad de las aguas que bebemos y que después arrojamos a mares y ríos, la recogida y tratamiento de los residuos que producimos, la limpieza, alumbrado y seguridad de calles, jardines y parques que transitamos, el deporte que practicamos, la cultura que disfrutamos, la asistencia que prestamos a excluidos y marginados, los lugares en que nos relacionamos, el transporte público que utilizamos, la calidad del aire que respiramos… Y así hasta el cementerio en que podríamos acabar nuestros días que, casi seguro, también será municipal.