Juzgar a una infanta es un rareza en este país y no es descartable que la visión de Cristina de Borbón sentada en el banquillo dure un parpadeo si finalmente el tribunal le aplica esa doctrina que se inventó para que el banquero Botín no pisara la cárcel. Sería un coitus judicial interruptus, una puntita nada más, breve pero intensa. Lo interesante de este proceso, sin embargo, no es tanto que la hija de un rey acabe en el talego, que es casi un imposible metafísico, sino constatar que no está todo perdido y que la osadía de un magistrado puede remover los cimientos de un sistema pensado para que la justicia sea más igual para unos que para otros.

Lo que se juzga en realidad no son las mordidas de Urdangarín y su socio a las arcas públicas y el desvío de esas cantidades al pago de un palacete o al salario en negro del servicio doméstico. Tampoco si Cristina de Borbón sufría el síndrome de Ana Mato y era incapaz de distinguir si eran Jaguares o podencos lo que tenía en su garaje. Lo que se ha puesto por primera vez en cuestión es la manera con la que la familia más privilegiada del barrio se ha desenvuelto en relación con el dinero de los demás, que siempre ha creído suyo por designio divino.

La historia, por tanto, no comienza con el Instituto Noos, ese entramado de vanguardia que ha hecho posible que el yerno del Rey y su esposa se forrasen por medio de una institución sin ánimo de lucro, sino mucho antes, en Estoril, donde los Borbones vivían de la generosa caridad de los monárquicos, siempre dispuestos a pagar las abultadas facturas que el exiliado Don Juan dejaba en Maxim’s cuando viajaba a París. Debió de ser entonces cuando el hoy Rey emérito, entonces príncipe, se travistió en Vivien Leigh y juró no volver a pasar hambre al estilo de Lo que el viento se llevó. O dicho de otra forma, se dispuso a hacer un capitalito por si venían mal dadas y siguió en el empeño aun cuando ya todas las cartas estaban en su manga.

En la actualidad, la fortuna de Juan Carlos es un arcano y de los gordos, aunque algún indicio sobre su origen han aportado las genuflexiones que ha prodigado a lo largo de la historia a los sátrapas del Golfo o las peripecias judiciales y penitenciarias que siempre han acompañado a sus llamados administradores privados, ya se llamaran Manuel Prado y Colón de Carvajal, Javier de la Rosa o Mario Conde, tres señores impecablemente vestidos, ya se enfundaran un traje de Armani o el uniforme de presidiario.

Se han dedicado muchos esfuerzos en conseguir que la Casa Real explicara en qué gasta su asignación anual pero nadie ha preguntado a cuánto ascienden sus posibles, que de algún lado han debido de salir habida cuenta de que los ingresos formales se limitaban a la asignación presupuestaria anual. Mantener a la familia propia y a la griega con su ramalazo egipcio por eso de que venían con una mano delante y la otra detrás, así como a la pródiga prole que toda monarquía ha de engendrar para perpetuar el apellido no es nada barato.

Se entiende, por tanto, que la infanta y su marido deportista se dispusieran a hacer lo que veían en casa, bajo el asesoramiento y las directrices de Zarzuela, que en esto Diego Torres, el socio del yernísimo, no ha dejado lugar a la duda con su arsenal de faxes e emails. Todo padre aspira a que sus hijos se independicen y prosperen y está visto que los estipendios de los bancos y multinacionales en puestos florero ya no son lo que eran. ¿Acaso está regulado en alguna ley o existe alguna incompatibilidad para que un miembro de la familia real no pueda hacer negocios con las administraciones públicas?

La querencia por el dinero es un virus que afecta a buena parte del árbol genealógico de los Borbones, incluidas algunas ramas poco principales. Uno de los casos más curiosos se produjo hace más de diez años y tuvo como protagonistas a dos familiares del emérito, Bruno Alejandro Gómez Acebo y Marcos Gómez Acebo, hijo y sobrino, respectivamente, de la infanta Pilar de Borbón. Ambos intermediaron en la venta de Villa Giralda, la finca que fue residencia en Madrid de Don Juan de Borbón, padre del monarca, a cambio de una comisión de 1,5 millones de euros. El precio de venta fue de 2,7 millones de euros, por lo que la comisión representó un inusual 55,5% sobre el total. El comprador fue Comercializadora Peninsular de Viviendas (CPV), una empresa implicada en una espectacular estafa inmobiliaria que afectó a más de 1.200 personas y que con esta compra hizo su última operación. ¿Simple casualidad?

Hacer sayos con capas ha sido lo habitual en la familia y hace algún tiempo nada de lo que ahora escandaliza de las actividades de Urdangarín y de su señora habrían tenido relevancia alguna. Es más, ni siquiera se hubieran conocido gracias a ese manto de discreción cuando no de complicidad que se extendió sobre los hombros del jefe del Estado, al que se llegó a dotar de inviolabilidad en la Constitución por si con la discreción no bastaba.

El país ha cambiado a fuerza de crisis y latrocinios y cuando el patriarca se quiso enterar de que escaseaban las longanizas para atar a sus perros hubo de abdicar, no fuera a ser que el chollo se le acabara a él y a sus descendientes. En el medio de ese terreno otrora impune ha quedado su hija, pese a los denodados esfuerzos de un notable equipo de defensores encabezado por Miquel Roca, cuyo servicio nadie duda de que tendrá recompensa, y del que han formado parte la fiscalía del Estado y la propia Hacienda pública.

Cristina de Borbón reside ahora en la leprosería borbónica ya que cualquier contacto con ella se supone altamente contagioso. Así lo ha entendido su hermano, hoy Rey, y su padre, que desde que dejó el trono no es que haya quemado el corsé porque si lo tuvo nunca le apretó lo suficiente pero que se ha entregado sin disimulo a las francachelas y a la buena vida. Por derecho propio, el cazador de elefantes se habría ganado un sitio en el banquillo de Palma como cooperador necesario si ese olmo rarísimo que ha dado una manzana se hubiera atrevido con las peras.