Acabamos de ser conocedores de un nuevo escándalo de corrupción en el que podría estar involucrado Juan Carlos, el rey emérito. Sin duda, se trata de un caso de extrema gravedad: Corinna afirma en una grabación que era utilizada por Juan Carlos para ocultar patrimonio o que el rey emérito cobró una comisión de 80 millones de euros por el ave a la Meca. No es este un caso único en un personaje que vive, como los gánsteres de la Norteamérica de los años veinte, al margen de la ley.

Estas denuncias vienen a corroborar los rumores existentes hasta ahora, los cuales advertían que la cuenta Soleado y la Gürtel tienen vinculación con Juan Carlos: “Javier de la Rosa confesó al pequeño Nicolás, cuando éste se hacía pasar por alto cargo, que había un depósito de 300 millones del rey Juan Carlos I en la cuenta Soleado”. La cuenta Soleado está relacionada, ni más ni menos, que con la mismísima trama de corrupción Gürtel que terminó derribando a Mariano Rajoy.

Este último escándalo conocido se añade, por tanto, a una lista que parece no hallar final. De hecho, no existe en este país nadie, al menos que tenga conocimiento, con mayor vinculación a episodios delictivos de tal calibre. Empecemos.

La hermana de Juan Carlos I, Pilar de Borbón, ha tenido una cuenta en Panamá cuyas fechas de apertura y cancelación coinciden casualmente con las de ascenso al poder del rey emérito y su abdicación (con reunión de la junta una hora y media antes). También Corinna, la amiga entrañable que hoy ha vuelto a las portadas, tenía una cuenta en Panamá y otra en Malta (y en unos cuantos sitios más).

También fue acusado de cobrar entre 1 y 2 dólares por barril de petróleo, según denunció Roberto Centeno, catedrático de economía y exempleado de CAMPSA. Lo de las comisiones parece que es una afición consolidada.

Siguiendo con el interminable listado, Manuel Prado y Colón de Carvajal, el administrador privado del rey durante más de 20 años, fue condenado en varias ocasiones y por varios delitos (dos años por el caso Wardbase en el año 2004, un año de prisión por apropiación indebida por un desvío de dinero del Grupo Torras en 2007 y tres meses por apropiación indebida por el Grand Tibidado en 2008). Por no hablar de la cantidad de líos en los que anduvo involucrado o el indulto por razonas humanitarias que recibió.

A los escándalos de corrupción habría que añadir las presiones y su comportamiento antidemocrático con Adolfo Suárez, las cuales solo pueden catalogarse como golpistas, y ello sin entrar a analizar a fondo el comportamiento regio durante el golpe del 23-F. Pero es que hasta en los GAL se percibe su sombra al final de la cloaca, pues Juan Carlos fue acusado de ser conocedor y algo más del terrorismo de Estado.

También son conocidos sus coqueteos con el tráfico de armas, ya que el emérito cuenta con conocidos comerciantes de armas, como es el caso de El Assir, y no es extraño que visite Arabia Saudí para vender armas. Costumbre que parece ser muy del agrado del hijo, Felipe, al que no le conmueven los más de 10.000 muertos de Yemen.

El padre del emérito y abuelo del actual monarca tampoco se salva de los escándalos de corrupción, pues dejó una fortuna en Suiza que fue repartida entre sus hijos. Un total de 728 millones de pesetas en tres cuentas en Suiza, paraíso fiscal, fueron repartidos entre Juan Carlos, Margarita y Pilar.

Estas actividades deben ser, qué duda cabe, las que se encuentren tras la información de ‘The New York Times’, la cual aseveraba que Juan Carlos contaba con más de 1.800 millones de euros de fortuna, cantidad a todas luces injustificable con las remuneraciones recibidas.

¿Qué hace falta para que juzguen y condenen llegado el caso a Juan Carlos?

Para que Juan Carlos sea considerado oficialmente un delincuente, solo hace falta que un juzgado lo corrobore. Hecho que, lamentablemente, al ser España una democracia fallida, incompleta, jamás ocurrirá. No sucederá porque Juan Carlos no es un ciudadano más, sino que, como el resto de su familia, viven al margen de la ley. Si lo fuera, cada vez resulta más evidente que habría pasado décadas en prisión.

Porque a estas alturas ya nadie puede defender que los Borbones sean una familia más ni que en España seamos todos iguales. No cuando el juez Castro ha denunciado una estruendosa operación para salvar a la Infanta Cristina o ha aseverado que el padre de esta, Juan Carlos, debería haber declarado como imputado. No cuando un condenado por corrupción cumple condena en un módulo de prisión para él solo.

Felipe VI debe abdicar inmediatamente

En una democracia, que no somos, tal situación sería por completo insostenible, ya que supondría demasiado lastre para un jefe de Estado, Felipe VI, que debe su corona única y exclusivamente a ser hijo del sucesor elegido por un dictador genocida y sanguinario. Con un rey emérito y una familia regia salpicados de actos delictivos y/o corruptos Felipe VI no tendría otra opción que abdicar. Al menos si tuviera un mínimo de catadura moral. Y los partidos políticos, con el Gobierno a la cabeza, tendrían que obligarle a ello en caso de negativa.

Si alguien sigue mostrando reticencias a estas alturas, bastaría con pensar en lo que sucedería en una república (no bananera) de tener a un partido político y a su líder envueltos en semejante ristra de escándalos. De hecho, como hemos comentado, Mariano Rajoy ha perdido el Gobierno a manos del PSOE por mucho menos y nada más y nada menos que en nuestra corroída España. Y este último partido, para más señas, se proclama republicano.

Nuremberg, más allá del cinismo occidental allí servido, nos enseñó que cuando un Estado legisla de forma injusta y consciente para proteger los delitos de sus líderes debe ser revertido y todos los responsables juzgados por el bien de la justicia.

España no dejará de ser una democracia fallida hasta que abdique Felipe VI, se juzgue la Monarquía y se someta a referéndum su continuidad. Y puede que ni entonces, pero lo que es seguro es que con los Borbones en el poder jamás será posible que en España exista democracia plena.

Luis Gonzalo Segura, exteniente del Ejército de Tierra y autor de 'El libro negro del Ejército español'.