Con las calles aún calientes por las marchas contra el cambio climático, España sigue empeñada en en dar el salto y jugar en el primer equipo lanzándose a la conquista del oro negro a cualquier precio. Ibiza encabeza la protesta contra unas prospecciones de consecuencias impredecibles.

Texto: Cristina Fernández Núñez. Fotos: Víctor Oliver.

Hace algo más de tres años, el 23 de diciembre de 2010, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero promulgó dos reales decretos: el 1775/2010, por el que se otorgan los permisos de investigación de hidrocarburos denominados “Albufera”, “Benifayó” y “Gandía”; y el 1774/2010, por el que se otorga a la filial Capricorn Spain Limited los permisos de investigación de hidrocarburos denominados “Alta Mar 1” y “Alta Mar 2”.

No es extraño que pasaran prácticamente desapercibidos hasta que, a finales del año pasado, trascendió públicamente su verdadero alcance: un negocio energético que ha despertado el rechazo de los vecinos de las zonas afectadas ahora, cuando ya se están ejecutando las primeras pruebas.

La alarma social saltó en enero en la isla de Ibiza, cuando Juan Tur Torres, un joven ingeniero experto en termoenergética, se percata, “a través de noticias publicadas en Facebook de amigos y algún político”, de la puesta en marcha de un proyecto petrolífero en aguas del Mediterráneo y decide actuar.

Crea el movimiento social #Eivissadiuno y deposita su confianza en el poder de las redes sociales para difundir una protesta protagonizada por personas desnudas y embadurnadas de negro. Logra que se extienda al resto de Baleares y el litoral mediterráneo español, pero también a París, Ámsterdam, Río de Janeiro o Reino Unido, donde se han creado grupos de apoyo.

En total, más de 500 fotos de desnudos en contra de las prospecciones en el Mediterráneo, numerosos famosos incluidos, conformando una oleada de apoyos que ha llegado a medios de comunicación nacionales e internacionales.

Peligro para el medio marino

José Ortega, secretario de la Comisión Interfederativa de Cofradías de Pescadores de la Comunidad Valenciana y asesor jurídico, explicaba en una conferencia el alcance de las prospecciones en el Golfo de Valencia. El proyecto consta de tres fases. La primera es la autorización de las investigaciones en el mar, que ya se llevó a cabo por los dos decretos de 2010.

La segunda, en la que se encuentra actualmente, es el estudio sobre el impacto ambiental, realizado por la empresa escocesa Cairn Energy, pendiente de conseguir el visto bueno del Ministerio de Medio Ambiente y Agricultura para comenzar la tercera fase, la de la concesión administrativa que determine la forma de explotación.

Hasta el momento, la ciudadanía y algunos ayuntamientos de Baleares y de la Comunidad Valenciana –la mayoría del PP- han presentado más de 100.000 alegaciones contra el estudio del impacto ambiental realizado por la empresa interesada, así como algunos informes desfavorables al respecto y recursos a los tribunales, que se han perdido.

En palabras de Ortega, “estas investigaciones son peligrosas para el medio ambiente y el sector turístico y pesquero”. El método consiste en la prospección sísmica 3D. Una embarcación remolca unos cañones que emiten un sonido a 259 decibelios para producir una onda a baja frecuencia cuyo rebote, recogido por sensores, crea un modelo en tres dimensiones del subsuelo marino “que permite saber dónde perforar”.

A juicio de este experto, “las vibraciones revientan la vejiga natatoria de los peces”, pudiendo provocar su muerte, y, además, “el estrés producido por el ruido puede producir la emigración de muchas especies y el desequilibrio de la biomasa”.

Este asesor jurídico acusa de oscurantismo al Gobierno valenciano, que informó tarde del proyecto y entorpeció un primer recurso contencioso administrativo, así como el acceso al expediente administrativo desde el Gobierno central, lo que, de hecho, motivo una queja al Parlamento europeo.

Ortega desvela, además, que el Ayuntamiento de San Antonio, en Ibiza, ha descubierto que parte de la bibliografía que apoya el estudio del impacto ambiental realizado por Cairn Energy “se la han inventado”. Brigitte Bobet, responsable de prensa del Ayuntamiento de San Antonio, confirma que el informe presentado al Ministerio de Industria para que autorice las prospecciones “hace referencia a estudios cuyos links no existen”.

Insiste también en destacar que el PP balear, “del mismo color político que en Madrid”, está trabajando para que estos trabajos no se hagan.

Ortega también destaca el absurdo negocio que hay en todo este proyecto. “El único compromiso de la empresa escocesa es abastecer a España, pero no significa que nos vayan a vender el petróleo más barato”. Lo cual, explica, solo sería útil en el caso de que llegara un día en el que todos los países exportadores se negaran a vendernos este combustible.

El único negocio, hoy por hoy, es el canon que se pagaría a la Administración, de “1 peseta por hectárea en la fase de investigación y de 15 pesetas por hectárea en la fase de explotación”, explica.

Recientemente ha llegado a las redacciones de los medios de comunicación un comunicado de prensa que informa de que un estudio realizado por la prestigiosa consultora Deloitte asegura que las prospecciones de hidrocarburos crearán 260.000 puestos de trabajo en España y provocarán un incremento del 4% del PIB español.

Pero lo curioso del asunto, como aclaraba el portal Noudiari.es el 28 de marzo, es: “¿Quién lo encarga? La ACIEP (Asociación Española de Compañías de Investigación, Exploración y Producción de Hidrocarburos).

Es decir, la patronal petrolera. ¿Y quién preside la ACIEP? Antonio Jerónimo Martín, directivo de Cairn Energy, la empresa que planea realizar las prospecciones en las Baleares. ¿Y quién es su primer vocal? Luis Gómez, directivo de Repsol, la empresa que planea realizar las prospecciones en Canarias”.

La gerente de Fomento del Turismo de Ibiza y Formentera, Ángeles Nogales, tiene bien claras las consecuencias negativas de la búsqueda de hidrocarburos en las costas baleares para el ecosistema, motor del turismo. Explica que se movilizan desde hace un año a través de la Alianza Mar Blava, que reúne a todo tipo de opositores.

“Ese cliente europeo ecologista, que suma en positivo un turismo medioambiental, desaparecería, y nos veríamos obligados a competir a nivel mundial en una oferta de ‘turismo por precio’. Las prospecciones -añade- perjudican una serie de valores medioambientales que hacen de Ibiza una marca internacional. Su mensaje promocional de paraíso entra en contradicción con las explotaciones petrolíferas”.

Nogales recuerda la aportación del turismo al PIB, del 12%, y que la mayor productividad se genera en las costas. “Hemos conseguido que el cachito de Mediterráneo que nos toca tenga vida propia”, se enfurece Nogales, que afirma: “Es una isla que lleva luchando años por un equilibrio con el sector turístico. Que sobreviva cada año a la presión humana del turismo es gracias a una especie de pacto entre todos, incluidos los empresarios”.

Consecuencias impredecibles

Desde un punto de vista ecológico, la asociación Amics de la Terra denuncia que el Gobierno y la empresa promotora pretendan centrar su análisis únicamente en los efectos de la primera fase del proyecto.

Hazel Morgan, presidenta balear de la asociación, perteneciente también a la Alianza Mar Blava, explica que algunas de las alegaciones presentadas contra el proyecto se apoyan precisamente en los daños que se pueden ocasionar en las otras dos fases sobre áreas declaradas de interés comunitario. Este es el caso de las aguas comprendidas entre Ibiza y Formentera, ricas en posidonia.

Dentro de estas praderas submarinas viven muchos organismos, que suponen un bioindicador de la calidad de las aguas. Morgan añade que estos proyectos conculcarían la Directiva de Hábitat Red Natura 2000 y advierte de que los perjuicios de “las demás fases, con la plataforma petrolera, serían más difíciles de controlar”, refiriéndose a posibles derrames “como en el caso del Prestige”.

La movilización ciudadana continúa y crece un asociacionismo -del que Alianza Mar Blava es un ejemplo- que no entiende de colores políticos. Un fenómeno donde la sociedad civil tiene su propia voz entre el sector público y el privado.

Inés Santiago, líder del movimiento ciudadano en Mallorca, informa de que entre las próximas actuaciones previstas se encuentra una campaña en redes sociales que se llama #balearsdiunoporelmundo, una marea negra a lo largo de toda la playa con una contención naval y una queja a la Comisión Europea que “englobará también el resto de proyectos alrededor de Mallorca y Menorca”.

Pero Ibiza y Formentera se enfrentan todavía a un nuevo peligro, ya que otra petrolera ha solicitado permiso para buscar hidrocarburos a tan solo 25 kilómetros de las costas de Santa Eulària mediante la empresa Spectrum Geo Limited.

Canarias también se ve amenazada por la carrera hacia la conquista de lo que parece ser la mismísima stairway to heaven, paraíso oscuro para otros. La compañía petrolífera Repsol planea llevar a cabo prospecciones en aguas cercanas a Fuerteventura y Lanzarote, proyecto que ya se encuentra pendiente de declaración administrativa de los Ministerios de Industria y de Medio Ambiente y, paralelamente, otra marea ciudadana va tomando conciencia en el Atlántico.

“Sobre todo, la acción más importante es la de seguir unidos y no bajar la guardia -sentencia el precursor de #Eivissadiuno-. Los políticos han demostrado ir por detrás del movimiento en todo momento. Hay que estar al pie del cañón”.

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