NÚRIA BOSCH

Hace pocos días se aprobó en el Congreso la ley que regula la nueva financiación de las comunidades autónomas y la modificación de la LOFCA, que la adapta a aquella. El nuevo sistema de financiación autonómica ha de aplicarse este mismo año para que las ganancias que lleva puedan hacerse efectivas en 2009.

Aunque no todas las comunidades votaron a favor del nuevo modelo de financiación, todas ellas salen ganando con el cambio de sistema, ya que este les garantiza tener en el ejercicio 2009 los recursos que les hubiera proporcionado el antiguo modelo más una parte de los recursos adicionales que el Gobierno central ha inyectado en el sistema, unos 11.000 millones de euros. Los cuales se distribuyen entre las comunidades de forma gradual y en base a una serie de variables, siendo la de mayor peso el incremento de población experimentado entre 1999 y 2009.

Estos recursos adicionales vendrán muy bien a las finanzas autonómicas, muy afectadas por la crisis económica. Sus efectos son bien conocidos: los ingresos autonómicos han disminuido substancialmente, principalmente por estar ligados algunos de sus impuestos a la actividad inmobiliaria. Además, el grueso de los gastos autonómicos por su naturaleza (educación, sanidad, servicios sociales, etc.) son claramente expansivos, lo que agrava la situación. Según cifras del Banco de España, la deuda de las autonomías desde septiembre de 2008 hasta septiembre de 2009 ha crecido un 33,2%. Este aumento puede ser visto con cierta alarma, pero a nivel global el endeudamiento de las comunidades autónomas en relación a su PIB no es todavía excesivo. Así, la deuda autonómica representa el 7,9% del PIB, siendo la Comunidad Valenciana la que ostenta mayor deuda en relación a su PIB (14,1%) y el País Vasco el que presenta un menor ratio (2,5%).

Es evidente que el nuevo modelo de financiación autonómica no puede solucionar totalmente la caída de ingresos debida a la crisis económica. No obstante, aquel goza de mecanismos que otorgan a las arcas autonómicas mayor estabilidad y solvencia que el sistema anterior.

En primer lugar, se incrementa la corresponsabilidad fiscal autonómica y la capacidad normativa para regular los tributos estatales cedidos. En segundo lugar, se corrigen en gran medida las diferencias de financiación por habitante que existían entre comunidades en el antiguo sistema, y que penalizaban a las que presentan una mayor capacidad fiscal. Y en tercer lugar, existen mecanismos de actualización periódica del modelo. Tanto de las variables relevantes en la distribución de recursos, que se actualizan anualmente, como de los elementos estructurales del modelo, que se hará quinquenalmente. Ello imposibilita que tenga lugar lo ocurrido en el sistema anterior, que para la distribución de los recursos todavía utilizaba la población de 1999 cuando, en los últimos años, esta había crecido de forma notable para muchas comunidades autónomas, lo que ha afectado en gran medida a su suficiencia financiera.

Núria Bosch es catedrática de Hacienda Pública