Con la eficacia que se presume a los liberales, Ciudadanos ha dado carpetazo a las presuntas irregularidades de sus primarias sin apreciar incidencias valorables más allá de aquel ‘exceso democrático’ de Castilla y León, donde hubo más votos que votantes y, ante la evidencia de un clamoroso pucherazo a favor de la candidata a la que apoyaba Rivera y toda la dirección del partido, se optó por conceder la victoria a su oponente.

De aquel suceso en el que se comprobó que más de 80 votos habían sido emitidos de madrugada en dos tandas desde un mismo ordenador sigue sin explicarse convincentemente cómo fue posible que el sistema lo admitiera y, lo que es más importante, cómo pudo saberse que todos ellos se dirigieron a la misma persona, siendo en teoría el voto anónimo y secreto. De hecho, la manera de revertir el fraude fue anular estos sufragios y restarlos del total de los adjudicados a Silvia Clemente, lo que permitió declarar ganador a Francisco Igea.

Dado que los recuentos no se someten a ningún control externo, se acepta implícitamente que el aparato del partido sabe en tiempo real a quién vota cada afiliado, lo que permite sobre el papel, por un lado, incidir en el resultado final de manera fina o grosera, según la necesidad, y de otro, tomar nota de los discrepantes con la línea oficial para pasarle la factura cuando sea conveniente. El escándalo es de tal calibre que debieron haber rodado cabezas en un partido que ha hecho bandera de la regeneración, más allá de la dimisión del secretario de Comunicación de Castilla y León, Pablo Yáñez, del que se sugiere que se pasó la noche en vela dándole al enter. En lugar de eso, se ha silbado el ‘only you’ con mucho disimulo.

El fenómeno registrado en la meseta se repitió, al parecer, en Las Palmas, donde se elegía al cabeza de lista y se volvieron a contabilizar, en un temerario desafío a las matemáticas, más sufragios que electores, por lo que se optó por anular dos votos para que las cifras cuadrasen. En total, se presentaron once denuncias en distintos territorios –Madrid, Cantabria, Murcia, Valencia, Aragón o Cádiz -que la ejemplar Comisión de Garantías y Valores de Ciudadanos ha archivado en la papelera con distintos argumentos.

Como hacer autocrítica era imposible ya que ello implicaría de entrada asumir que el sistema telemático de votación es una milonga o, en su defecto, reconocer que está pensado para poder torcer la voluntad de los militantes cuando sea necesario, los árbitros míster Orange han decidido amonestar con tarjeta amarilla a los denunciantes y amenazarles con la roja, esto es con la expulsión, por crear “una situación anómala y perjudicial” para el partido. En definitiva, se les abrirá expediente por extender la sospecha de que los candidatos se cocinan en puchero y se sirven en plato hondo a los afiliados.

Más allá de la referencia constitucional a que la estructura interna y el funcionamiento de los partidos han de ser democráticos, no hay en España ninguna ley que regule el proceso de designación de los candidatos, lo que permite un amplio abanico de posibilidades que van del dedo índice del líder a las primarias. La ausencia de una normativa que regule estas elecciones internas y que establezca garantías sobre el censo y el escrutinio hace posible revestir el fraude de ejemplaridad.

Las irregularidades detectadas en las primarias de Ciudadanos aconsejarían poner en manos de la Fiscalía la investigación de lo ocurrido para certificar que los “errores” no han sido las huellas de presuntos amaños. Los denunciantes no tienen nada que perder porque su suerte ya está echada y perderán en dos telediarios su condición de militantes. Los liberales son muy eficaces también en las purgas.