El cadáver de Mussolini fue colgado del gancho de una carnicería, boca abajo, en la plaza de Loreto de Milán; el de Adolf Hitler incinerado por sus propios guardias horas antes de que soldados del Ejército Rojo ondearan la bandera de la hoz y el martillo sobre las ruinas del Reichtag; el de almirante Tojo permaneció colgado en un patíbulo de Tokio. Otros dictadores, vinculados con la política fascista del Eje, sufrieron la misma suerte, como el francés Laval o el noruego Quisling. Únicamente Francisco Franco escapó a ese muy merecido castigo, gracias a la colaboración del estadounidense Truman y del británico Churchill, y tras cuatro décadas de dictadura criminal y terrorista murió en la cama después de haber dejado "todo atado y bien atado" y elegido a un Borbón como sucesor.

La Iglesia Católica, bajo el papado de Pío XII, bendijo la sublevación fascista del general Franco, publicó una carta pastoral redactada por el cardenal Gomá sumándose a la demagogia de los sublevados, contribuyó a la firme consolidación del nacional catolicismo, como un elemento ideológico más del fascismo español y, además, decidió que el dictador entrara en todos los templos religiosos bajo palio. Así funcionó la liturgia durante cuarenta años y, sólo muy a finales del otoño de 1972, el cardenal Enrique Tarancón logró que la Conferencia Episcopal Española pidiera perdón a la sociedad española por su inmoral e inadmisible identificación y defensa del franquismo. Sin embargo, duró poco. Muy rápidamente, el Papa Juan Pablo II y su monaguillo español, el cardenal Antonio Rouco Varela, liquidaron de un día para otro a Tarancón.

Estamos bajo el papado de Francisco y del cardenal Osorio, y la pregunta es: ¿puede todavía hoy seguir bajo palio el cadáver de Franco, cuando estamos en vísperas de la exhumación de sus restos del mausoleo que la dictadura fascista levantó en su honor en 1959? Enterrarlo de nuevo en la catedral de la Almudena de Madrid, supone continuar llevándole bajo el mismo palio. Autorizar hoy la exhumación y no impedir su inhumación en una cripta catedralicia, para más inri situada en el centro de la capital del Estado, es una burla y un insulto al Gobierno democrático y a la amplia mayoría de los españoles que padecieron la represión y las graves consecuencias de la dictadura.

Leguleyos meapilas y plumíferos beatos argumentan que la Iglesia carece de autoridad para oponerse a la tentativa de los familiares del dictador y, por lo tanto, al César los que es del César y a Dios lo que es de Dios. Incluso se agarran a los Acuerdos de 1979, pese a que fue elaborado justo antes de la Constitución de 1978, para apoyar la maniobra de la familia de Franco de burlar la soberanía popular. Sin tener en cuenta, por otra parte, el carácter solapadamente confesional del Estado español que, oficialmente, el texto constitucional camufla como aconfesional. La paradoja es que mientras el Vaticano nunca ha dicho nada sobre los derechos humanos de los más de trescientos mil demócratas que todavía yacen bajo las cunetas, podría ahora pronunciarse sobre el derecho de su asesino a estar en la Almudena.

La alambicada diplomacia cardenalicia no ignora el creciente revival neofranquista que, bajo la orientación de quien entre los suyos es conocido cariñosamente como Franquito, el pequeño caudillo Aznar, vive hoy la derecha española tras haber perdido la Moncloa por haber metido tanto la mano como la pata. Luego convertir la catedral de la Almudena en el estado mayor de Casado, Rivera y Abascal sería tanto como una abierta declaración de guerra política contra el sistema democrático español. Consecuentemente, la llamada Santa Sede no debería llamarse a engaño sobre las respuestas políticas, económicas, educativas y fiscales que, probablemente, recibiría casi de inmediato. Sencillamente, porque estamos en 2018 y no en 1939.

Tampoco parece factible que el presidente Pedro Sánchez y la vicepresidenta Calvo estén dispuestos a tragar con lo que tragaron hace unos pocos años el presidente José Luis Rodríguez Zapatero y la vicepresidente Fernández de la Vega, con motivo de la reforma de la ley de educación. Si la Moncloa opta por reeditar aquella genuflexión, nunca mejor empleada la expresión, perdería la inmensa mayoría de los votos progresistas que sostienen ahora al PSOE en la presidencia del Gobierno. No hay más que releer la Constitución para saber bien que el Estado español dispone hoy día de plenos poderes más que suficientes para intervenir en la resolución de este reto de la familia del dictador; sobre todo, si el Vaticano sucumbiera a la muy mala tentación de la equidistancia política entre la dictadura brutal, asesina y terrorista del dictador general Franco y la democracia constitucional, democrática y progresista del presidente Sánchez.