Nada desvela mejor la verdadera naturaleza de la nada modélica transición de la dictadura de Franco a la II Restauración de los Borbones, aceptada por las fuerzas democráticas debido a la débil correlación de fuerzas, que el vodevil de la exhumación de los restos del dictador al que asistimos, justo cuando se cumplen cuarenta años de la Constitución de 1978. Que hayamos tenido que esperar a una nueva generación al frente del socialismo, y a un tercer presidente socialista en cuatro décadas, para que un gobierno democrático exhume en el 2018 lo que se tuvo que exhumar en 1976, dice mucho y nada bueno del régimen del 78. Al fin y al cabo, si el padre del actual Jefe del Estado lo fue en su día gracias al dedo de Franco, ¿qué cabía esperar?

No es la torpeza de Sánchez la que explica el conflicto con la familia del dictador, sino la cobardía cuando no la abierta complicidad de los protagonistas, publicistas y hagiógrafos de aquella transición que fue vendida como un éxito, cuando fue una chapuza política que ahora revienta por los cuatro costados. Quienes hoy hablan y no paran de los torpes que habitan la Moncloa, magnificando los evidentes errores siempre inevitables en cualquier acción política, intentan hacernos olvidar que vendieron el derecho de primogenitura de la democracia, que la derecha necesitaba como agua de mayo, por un plato de lentejas. Eso sí es torpeza y puro acatamiento de la intervención de Alemania y Estados Unidos sobre los asuntos internos de España.

Si las familias de Mussolini, Hitler, Tojo, Laval o Petain enterraron a sus dictadores en la intimidad, fue porque no les quedó ninguna otra opción, dada la derrota de aquellas dictaduras y su sustitución por unos gobiernos provisionales en Roma, Berlín, Tokio y París; desenlace que en Madrid fue radicalmente diferente. Ninguno de los sucesores de aquellos dictadores, como el italiano Badoglio o el alemán Karl Doenitz fueron luego Jefes del Estado, como lo fue el Borbón español. Razón por la cual, consecuentemente, la familia del dictador, se niega ahora a que los restos del general Franco sean trasladados a un cementerio como los de cualquier otro ciudadano. Si Franco fue enterrado como fue enterrado, bajo palio, no aceptan que sea exhumado del Valle de los Caídos.

El Mausoleo del dictador simboliza el pacto de las derechas con las fuerzas de la dictadura, bajo la Corona del Borbón, destinado a impedir que las organizadas fuerzas involucionistas obstaculizaran las negociaciones con las fuerzas democráticas. No fue un Borbón, sino la extraordinaria huelga general de enero de 1976, que inquietó a los poderes nacionales e internacionales, el motor político que puso en marcha la transición. Pero para esa delicada operación reformista hacía falta la fiel colaboración de todas las siglas del franquismo, reconvertidas en partidos como Alianza Popular o UCD; colaboración que no hubiera sido posible entonces si no se hubiera pactado una tumba de Franco a perpetuidad en el Valle de los Caídos. Esa es la razón y no otra, que explica que los gobiernos de González y Zapatero aceptaran aquel acuerdo.

Precisamente, cuando los Franco exigen el derecho a decidir sobre los restos del dictador no piden una sepultura respetuosa, sino que, si es trasladado desde el Valle de los Caídos, lo sea a una tumba análoga a la que ha ocupado en estos últimos cuarenta años. Dicho de otro modo, exigen que se respete aquel pacto de la transición que permitió que Franco fuese tratado muerto como cuando estaba vivo. Que una familia que no es un dechado de patriotas, con una oscura fortuna acumulada a lo largo de la dictadura, se atreva a retar al Estado democrático solo es posible por aquellos pactos ocultos habidos durante aquella difícil transición, cuya cara oculta, como la de la Luna, está todavía por escribirse. Sobra mucha propaganda, boato y esplendor y faltan no pocos datos, información documentada y análisis certero de lo que fue la transición.

La equivocación de los Franco y de los abogados que les asesoran en su enfrentamiento contra la Moncloa, es que, afortunadamente, 2018 no es 1978 y, sobre todo, que el gobierno de Pedro Sánchez es el primero basado en una amplia mayoría parlamentaria progresista, desde la rebelión del general fascista Franco contra las instituciones democráticas de la II República. Pero, su grave error radica en que hoy es la propia derecha la que no puede atreverse ya a defender aquel pacto de la transición. Bastaría con una mera votación en el Congreso de los Diputados- un decreto ley sobre el cadáver de Franco o la aplicación de la Ley de Memoria Histórica - para que comprobasen que tanto el Partido Popular como Ciudadanos no irían más allá de la abstención.