La reforma laboral de febrero de 2012 fue una auténtica trituradora de empleo. Facilitó y abarató tanto los despidos que sólo en su primer año de vigencia se destruyeron más de medio millón de puestos de trabajo. Una parte muy importante de esa escabechina tuvo su origen en expedientes de regulación de empleo (ERE), de los que llegaron a ejecutarse una media de cien diarios.

Pero aquella catastrófica reforma laboral no sólo permitió que los empresarios aligeraran sus plantillas a bajo coste en el momento álgido de la crisis económica. También se llevó por delante muchos derechos de los trabajadores, al debilitar la posición de los sindicatos en la negociación colectiva. No es ajeno a ello, por ejemplo, el escandaloso deterioro que sufren hoy los salarios en España.

Uno de los aspectos más dañinos de la reforma laboral fue la imposición de la supremacía de los convenios de empresa. Eso limitó de forma sustancial la eficacia de los sectoriales y territoriales, en los que los representantes de los trabajadores suelen tener más fuerza y, por lo tanto, mayores posibilidades de arrancar mejoras.

Otro aspecto de la reforma laboral, muy controvertido también, fue la limitación de la ultraactividad de los convenios, que antes era indefinida y pasó a ser de sólo un año. Lo cual constituye un claro incentivo para que los empresarios bloqueen su renovación cuando les interesa más el de ámbito superior, que en tal caso se aplica.

Tanto la supremacía de los convenios de empresa como la limitación de la ultraactividad están en el punto de mira del Gobierno de Pedro Sánchez, que ha anunciado su propósito de darles sepultura antes de las elecciones generales del 28 de abril. Utilizará a tal fin el socorrido procedimiento del decreto-ley, aun a riesgo de que no conseguir la mayoría suficiente para convalidarlo luego en las Cortes.

Vaya por delante que eso sería un avance respeto al marco normativo impuesto por Rajoy hace siete años, tan nefasto para el conjunto de los trabajadores. Pero la reforma laboral de 2012, como la impulsada por Zapatero en 2010, merecerían un funeral por todo lo alto, no el entierro parcial y de tercera que todo apunta que tendrá.

Es evidente que la exigua base parlamentaria de Pedro Sánchez no permite hazañas de este calibre. Y que le puede suceder un tripartido de derechas del que nada bueno cabe esperar. Pero seguramente no soy el único que se queda con las ganas de que la reforma laboral tenga el final que merece, toda ella y con el mayor oprobio posible.

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