El comisario de Salud y Protección del Consumidor advierte que sancionará a España si en enero de 2012 no cumple las nuevas normas para adecuar las jaulas de las gallinas ponedoras a las exigencias europeas de bienestar animal. Millones de gallinas viven estresadas y comprimidas en superficies minúsculas donde se limitan a poner huevos de manera incesante. Reitero una vez más que la violencia del ser humano contra las demás especies no es sólo una cuestión de principios, sino de intereses, porque el desequilibrio del planeta nos perjudica sanitariamente. Cada vez que denuncio nuestras deficiencias legales contra el maltrato animal recibo descalificaciones por parte de muchos lectores. Supongo que más en estos días, donde no se permite marginar ni un instante el debate electoral y, menos aún, pasar por alto la crítica situación económica que tanto nos martiriza.

Por primera vez, sin embargo, aunque admito que lo mejor sería prohibir las granjas para que las gallinas ponedoras viviesen al aire libre, sospecho que la normativa europea y sus radicales sanciones favorecen confusos intereses comerciales. Los ganaderos necesitan fondos para adaptar sus granjas. Si no les subvencionan, el aumento de los costes de producción obligará a cerrar sus explotaciones, lo cual beneficiará a terceros países a los que no se exige el cumplimiento de las normas. Compraremos huevos más baratos procedentes, por ejemplo, de países como Marruecos. Y no parece razonable que cada vez tengamos más dependencia de alimentos importados, mientras los productores españoles pierden competitividad y se ven obligados a engrosar las listas del paro.