Tras el sentenciazo del Supremo imponiendo a la gente el pago del impuesto de actos jurídicos documentados, hay dos grandes ganadores: la banca, que se ahorra la retroactividad, por lo menos temporalmente, hasta que sentencie el TJUE. Y el Gobierno, que con una agilidad felina, ha salido a decir que de ahora en adelante lo pagarán los bancos. Esta es justo la decisión con la que la banca soñaba, puesto que no le será difícil encontrar algún camino para cobrárnoslo bajo otro concepto, y porque la libera del efecto de una cláusula abusiva que obra en todas las hipotecas de todos los bancos. Por tanto, la decisión del Gobierno, no hace sino ratificar al Supremo en cuanto a la retroactividad, salvando así los muebles de la banca. Pero el Gobierno gana en imagen, e incluso en apoyos parlamentarios impensables como Cs y posiblemente el PP (sirva esto como prueba de que es la decisión preferida de la banca…)

Por si a alguien le cabe duda de la victoria de la banca, que mire la subida espectacular en bolsa tras conocerse el fallo del Supremo, y quien siga dudando del efecto de la medida anunciada por Sánchez que vea también la bolsa, y comprobará que no le ha afectado negativamente el hecho de que vayan a tener que pagarlo en lo sucesivo, entre otras cosas, porque ellos tienen además una deducción del 30% del impuesto…

Pierde la Justicia, cuya deteriorada imagen ya le venía de serie, y con esto tardará décadas en recuperarse (si lo consigue). Pero, a fin de cuentas, ellos han trabajado intensamente para lograrlo, y obtienen su justo 'premio'.

Pero, como siempre, el gran perdedor es el Pueblo. Cualquiera que pretenda recuperar el dinero que el banco injustamente le obligó a pagar, tendrá que agotar las instancias judiciales españolas, para dirigirse después al TJUE, en busca de una sentencia que, reiterando su jurisprudencia anule la sentencia y permita la recuperación.

También anuncia Sánchez la creación de una autoridad independiente para la protección de los derechos de los consumidores frente a la banca, y ahí viene el problema ¿Qué pretendidos derechos va a defender esa autoridad? En la legislación española, los derechos de los consumidores frente a la banca apenas existen. Los que se han ido ganando estos años, no han venido de la mano de cambios legislativos, sino a golpe de sentencias del TJUE, que ha venido incorporando parcialmente, y en cada una de sus casi 20 sentencias, derechos comunes en Europa, pero que en nuestro país ningún Gobierno se ha atrevido a incorporar. Esto ha generado además la desigualdad de trato a las familias afectadas, en función de las sentencias producidas en el momento de su proceso judicial, habiendo podido disfrutar de más o menos derechos en virtud de las sentencias producidas hasta ese momento por el TJUE. Así que, lo de la autoridad independiente está bien, pero sería trascendente que antes, se legislaran los derechos.

Sobre los Derechos de los hipotecados, el PSOE, vía ministra Calviño, está bloqueando las enmiendas a la ley de crédito inmobiliario que desde la PAH propusimos a Unidos Podemos en materia de protección de los deudores hipotecarios, tales como la dación en pago, la limitación de la responsabilidad al bien hipotecado, la irrenunciabilidad de los derechos de los avalistas y otras. Sin embargo, desde el Grupo Socialista, apoyado en esto por PP y Cs, se están rechazando tales enmiendas de forma que esos derechos, si no hay un cambio por parte del PSOE, no serán incluidos.

Para que se tenga claro de qué hablamos, debe saberse que el proyecto de ley de crédito inmobiliario, fue elaborado por el banquero De Guindos antes de su marcha al BCE, con su táctica ilegal de moderar cláusulas abusivas, en este caso, de nuevo la de vencimiento anticipado, y de salir aprobada ley en sus términos, se podrían reactivar cientos de miles de procedimientos de ejecución hipotecaria, actualmente suspendidos en su tramitación, devolviéndonos a la situación en que los desahucios por impago de hipoteca vuelvan a superar a los de alquiler. Desde la PAH, tenemos además la percepción de que el PSOE y el Gobierno no son conscientes de los efectos que van a provocar si no aceptan estas enmiendas.

El rechazo a las enmiendas, además, provocará daños colaterales en la Ley de Vivienda PAH, en concreto en relación con el capítulo de medidas de protección a los deudores hipotecarios, puesto que esas medidas, también están incluidas en la de crédito inmobiliario, y será muy difícil después recuperarlos.

Actualmente, la Ley de Vivienda de la PAH está siendo nueva víctima del fraude sistemático de PP y Cs, que van pidiendo prórroga tras prórroga del plazo de enmiendas, impidiendo su normal y rápida tramitación. Para ellos parece más importante el bloqueo en favor de grandes tenedores de vivienda (fondos buitres, bancos y socimis) que frenar los desahucios (más de 33.000 en el primer semestre de este año), o la burbuja de los alquileres o la pobreza energética.

Por todo esto, la PAH mantiene y aumentará sus movilizaciones en favor del Derecho a la Vivienda, y para que, en el 40 aniversario de la Constitución, su artículo 47 deje de ser un artículo basura.

Paco Morote

Portavoz de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH)

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