RAMÓN COTARELO

Las relaciones entre justicia y política en nuestras conflictivas sociedades son siempre complejas. El tipo ideal manda que haya una separación absoluta, pero la realidad impone un modelo que mezcla ambas hasta los dos extremos inaceptables de la politización de la justicia y la judicialización de la política.

Hoy es imposible ignorar que el juez Garzón es un referente mundial en la lucha por la jurisdicción universal y la protección de los derechos humanos frente a la impunidad de los dictadores. En estos campos el magistrado ha combatido contra gobiernos nacionales y extranjeros, de derecha o de izquierda, todos empeñados en que prevalezca la razón de Estado frente a la justicia. La última muestra, el acuerdo del Partido Popular y el PSOE para limitar la jurisdicción universal en España.

Tampoco cabe ignorar que Garzón es un referente en la recuperación de la memoria histórica mediante la reparación de los crímenes del franquismo, tanto de los asesinados y enterrados en anónimas fosas comunes, como de los miles de hijos de republicanos secuestrados por los franquistas y entregados a familias afectas al régimen a veces en condiciones de esclavitud. Aquí el juez se ha enfrentado a la desidia del Gobierno socialista, empeñado en reducir el alcance de su propia acción, y a la oposición radical y las denuncias del Partido Popular, así como de ese sindicato de funcionarios dirigido por un ex colaborador de Blas Piñar movido por una presumible nostalgia del franquismo cuya querella contra Garzón por prevaricación está admitida a trámite.

Garzón también es referente en su lucha contra la corrupción política, requisito de la regeneración democrática, como se ve en la instrucción de la trama Gürtel. La campaña contra el juez ha sido descomunal. Desde el Partido Popular, afectado por la trama, le han llovido denuncias y querellas judiciales que han quedado en nada, así como insultos que tratan de desprestigiarlo. Rajoy sostuvo que es un juez socialista por haber ido segundo en la lista del PSOE por Madrid en las elecciones de 1993. El mismo Rajoy calla, sin embargo, que el juez abandonó la política un año después y abrió un proceso contra algunos responsables del Gobierno del PSOE que dio con varios de ellos en la cárcel por los GAL.

En el nuevo ataque contra Garzón por la vía judicial, los tribunales se pronunciarán en su momento, pero no cabe olvidar el alcance simbólico que encierra la querella. Se trata de mostrar que quien ose investigar los crímenes del franquismo puede pasarlo mal. Sin duda el asunto se dilucidará en derecho en la cuestión sobre si hubo o no actuación prevaricadora del juez por haber actuado ultra vires. Pero el mensaje que se habrá trasladado a la población es que, mientras que las fosas comunes del franquismo no se abren, nadie indaga la suerte de los miles de asesinados y, en definitiva, no se hace justicia con las víctimas, adultos o niños, por una coincidencia entre las fuerzas políticas y los tribunales de justicia. Quien pretenda incoar procedimiento para reparar los crímenes del franquismo puede acabar con una querella criminal.

Ramón Cotarelo es catedrático de Ciencias Políticas.