Dentro de 30 años seremos 15 millones de pensionistas (casi siete millones más que ahora) y la esperanza de vida habrá crecido. Para pagar las pensiones en el futuro, el Gobierno propone medidas cuyo objetivo final es reducir el aumento del gasto a que nos llevan esas proyecciones demográficas. Aumentar de 65 a 67 años la edad de jubilación rebajará un 10% la cifra total de mensualidades pagadas y elevar de 15 a 25 años el periodo para calcular la pensión supone una contención de la pensión media de alrededor del 5%.

Pero, como siempre en economía, se puede actuar sobre la oferta o sobre la demanda. Hasta ahora, las medidas se centran en endurecer las condiciones para tener derecho a la pensión o para limitar su cuantía. Sin embargo, si se aumenta el número de ocupados o sus cotizaciones a la Seguridad Social se equilibra la tasa de dependencia y la relación entre ingresos y pagos. Margen hay para ello: aumentando la tasa de actividad femenina, reduciendo la economía sumergida y mejorando la formación de los jóvenes para lograr mejores salarios y cotizar más.

En España, el gasto público en pensiones representa sólo el 9% del PIB frente al 12% de media de la UE-15. Así que lo lógico es que este gasto social crezca, y no únicamente por razones demográficas.